CASE OF SCHALK AND KOPF v. AUSTRIA, Sentencia de 24 de junio de 2010. no existe obligación de los Estados firmantes de la Convención Europea de DD.HH de reconocer el matrimonio homosexual

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El TEDH de Estrasburgo en el caso 

, ha negado que el art. 12 de la Convención Europea de DDHH consagre obligación alguna de los Estados firmantes para permitir el acceso de las parejas homosexuales el matrimonio.

He traducido aproximativamente los argumentos relevantes de la sentencia, y abajo se transcribe el tenor literal de los argumentos en su versión inglesa:

54.-el Tribunal observa que el art. 12 reconoce el derecho a casarse a «hombres y mujeres». La versión francesa refiere «el hombre y la mujer tiene el derecho a casarse». Además, el art. 12 reconoce el derecho a fundar una familia.
55-los recurrentes argumentan que el texto no necesariamente implica que el hombre sólo pueda casarse con una mujer y viceversa. El Tribunal observa que, examinado aisladamente, el tenor literal del art. 12 podría ser interpretado en el sentido de que no excluye el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. No obstante, en contraste, todos los demás artículos sustantivos de la Convención reconocen derechos a «cada uno» o establece que «nadie» podrá ser sometido a ciertos tipos de tratamiento prohibido. La elección del tenor literal del art. 12 debe ser considerada entonces como deliberada. Tanto más  si se toma en cuenta el contexto en el que la Convención fue adoptada. En 1950 el matrimonio era claramente entendido en el sentido tradicional de ser una unión entre personas de diferente sexo.
56.-En relación con la conexión entre el derecho a casarse y el derecho a fundar una familia, el Tribunal ya ha sostenido que la inhabilidad de cualquier pareja para concebir o  para ser progenitores no puede ser considerada per se como una exclusión del derecho a contraer matrimonio (Christine Goodwin, citado anteriormente, 98). No obstante, de este razonamiento no puede extraerse ninguna conclusión sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.
57.-En cualquier caso la argumentación de los recurrentes no descansa principalmente en la interpretación literal del art. 12 . En esencia, sus argumentos descansan en la jurisprudencia del Tribunal relativa a que la Convención es un instrumento vivo que debe ser interpretado atendiendo a las circunstancias del tiempo presente ( ver E.B. v. France [GC], no. 43546/02, § 92, ECHR 2008-…, y Christine Goodwin, citado anteriormente , §§ 74-75).  Según afirman los recurrentes el art. 12 debería ser leído, según las circunstancias actuales, en el sentido de posibilitar a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio, en otras palabras, como una obligación de los Estados de contemplar esta posibilidad en sus leyes nacionales.
58.-El Tribunal no está de acuerdo con la argumentación de los recurrentes. Si bien se observa, en Christine Goodwin, que la institución del matrimonio ha sufrido grades cambios sociales desde la adopción de la Convención, el Tribunal observa que no existe consenso en Europa acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. En el momento actual no más de 6 de los 47 Estados firmantes de la Convención permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo (véase párrafo 27 más arriba).
59.-Como han hecho notar acertadamente  tanto el Gobierno demandado como los gobiernos de terceros Estados debe ser distinguido del de Christine Goodwin. En éste caso (citado anteriormente, párrafo 103) el Tribunal percibió una convergencia de los estándares relativos al matrimonio de transexuales en el sexo asignado. Además, Christine Goodwin, se ocupa de los matrimonios de parejas que son de diferente sexo, si el género es definido no por puros criterios biológicos sino teniendo en cuenta otros factores incluyendo la resignación de sexo de uno de un miembro de la pareja.
60.-Volviendo a la comparación entre el art. 12 de la Convención y el art. 9 de la Carta Fundamental de derechos de la Unión Europea (la Carta) el Tribunal ha advertido que este último ha omitido cualquier referencia a hombres y mujeres (véase Christine Goodwin, citado anteriormente, párrafo 100). El comentario a la Carta, que entró en vigor en diciembre de 2009, confirma que el art. 9 quiso tener un alcance más amplio que el que el que tenían los correspondientes artículos de otros instrumentos sobre derechos humanos (véase párrafo 25 más arriba). Al mismo tiempo la referencia a la ley doméstica refleja la diversidad de regulaciones nacionales, en un rango que va desde la permisión del matrimonio entre personas del mismo sexo hasta la absoluta prohibición del mismo. Refiriéndose a la ley nacional, el art. 9 de La Carta, deja la decisión de permitir o no el matrimonio entre personas del mismo sexo a los Estados. En palabras del comentario: «…puede afirmarse que no hay obstáculo al reconocimiento de las relaciones del mismo sexo en el ámbito matrimonial. No obstante, no existe explícita obligación para que las leyes domésticas faciliten tales matrimonios».
61.-Consiguientemente, atendiendo al art. 9 de La Carta, el Tribunal  considerara que el derecho al matrimonio consagrado en el art. 12 debe en cualquier caso ser limitado al matrimonio entre personas de distinto sexo. Consecuentemente, no puede decirse que el art. 12 sea inaplicable a la reclamación de los recurrentes. No obstante, tal y como se ha expuesto, la cuestión acerca de la permisión o no del matrimonio entre personas del mismo sexo está confiada a la ley nacional de los Estados firmantes de la Convención.
62.-En esta conexión el Tribunal observa que el matrimonio está profundamente enraizado con connotaciones sociales y culturales que pueden  diferir largamente de una sociedad a otra. El Tribunal reitera que no debe precipitarse desplazando con su propio juicio aquél que corresponde a las autoridades nacionales, que están en mejor lugar para evaluar y responder a las necesidades de la sociedad (see B. and L. v. the United Kingdom, citado anteriormente, § 36).
63.En conclusión, el Tribunal encuentra que el art. 12 de la Convención no impone una obligación del Estado demandado para permitir el acceso a las parejas del mismo sexo, como la de los recurrentes,  al matrimonio.
64. Consecuentemente, que no ha habido violación del art. 12 de la Convención


54.  The Court notes that Article 12 grants the right to marry to “men and women”. The French version provides « l’homme et la femme ont le droit de se marier ». Furthermore, Article 12 grants the right to found a family.
55.  The applicants argued that the wording did not necessarily imply that a man could only marry a woman and vice versa. The Court observes that, looked at in isolation, the wording of Article 12 might be interpreted so as not to exclude the marriage between two men or two women. However, in contrast, all other substantive Articles of the Convention grant rights and freedoms to “everyone” or state that “no one” is to be subjected to certain types of prohibited treatment. The choice of wording in Article 12 must thus be regarded as deliberate. Moreover, regard must be had to the historical context in which the Convention was adopted. In the 1950s marriage was clearly understood in the traditional sense of being a union between partners of different sex.
56.  As regards the connection between the right to marry and the right to found a family, the Court has already held that the inability of any couple to conceive or parent a child cannot be regarded as per se removing the right to marry (Christine Goodwin, cited above, § 98). However, this finding does not allow any conclusion regarding the issue of same-sex marriage.
57.  In any case, the applicants did not rely mainly on the textual interpretation of Article 12. In essence they relied on the Court’s case-law according to which the Convention is a living instrument which is to be interpreted in present-day conditions (see E.B. v. France [GC], no. 43546/02, § 92, ECHR 2008-…, and Christine Goodwin, cited above, §§ 74-75). In the applicants’ contention Article 12 should in present-day conditions be read as granting same-sex couples access to marriage or, in other words, as obliging member States to provide for such access in their national laws.
58.  The Court is not persuaded by the applicants’ argument. Although, as it noted in Christine Goodwin, the institution of marriage has undergone major social changes since the adoption of the Convention, the Court notes that there is no European consensus regarding same-sex marriage. At present no more than six out of forty-seven Convention States allow same-sex marriage (see paragraph 27 above).
59.  As the respondent Government as well as the third-party Government have rightly pointed out, the present case has to be distinguished from Christine Goodwin. In that case (cited above, § 103) the Court perceived a convergence of standards regarding marriage of transsexuals in their assigned gender. Moreover, Christine Goodwin is concerned with marriage of partners who are of different gender, if gender is defined not by purely biological criteria but by taking other factors including gender reassignment of one of the partners into account.
60.  Turning to the comparison between Article 12 of the Convention and Article 9 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the Charter), the Court has already noted that the latter has deliberately dropped the reference to men and women (see Christine Goodwin, cited above, § 100). The commentary to the Charter, which became legally binding in December 2009, confirms that Article 9 is meant to be broader in scope than the corresponding articles in other human rights instruments (see paragraph 25 above). At the same time the reference to domestic law reflects the diversity of national regulations, which range from allowing same-sex marriage to explicitly forbidding it. By referring to national law, Article 9 of the Charter leaves the decision whether or not to allow same-sex marriage to the States. In the words of the commentary: “… it may be argued that there is no obstacle to recognize same-sex relationships in the context of marriage. There is however, no explicit requirement that domestic laws should facilitate such marriages.”
61.  Regard being had to Article 9 of the Charter, therefore, the Court would no longer consider that the right to marry enshrined in Article 12 must in all circumstances be limited to marriage between two persons of the opposite sex. Consequently, it cannot be said that Article 12 is inapplicable to the applicants’ complaint. However, as matters stand, the question whether or not to allow same-sex marriage is left to regulation by the national law of the Contracting State.
62.  In that connection the Court observes that marriage has deep-rooted social and cultural connotations which may differ largely from one society to another. The Court reiterates that it must not rush to substitute its own judgment in place of that of the national authorities, who are best placed to assess and respond to the needs of society (see B. and L. v. the United Kingdom, cited above, § 36).
63.  In conclusion, the Court finds that Article 12 of the Convention does not impose an obligation on the respondent Government to grant a same-sex couple like the applicants access to marriage.
64.  Consequently, there has been no violation of Article 12 of the Convention.