• Dictamen Consejo de Estado sobre el proyecto de ley de arrendamientos rústicos de 2003

    by  • March 26, 2005 • General • 0 Comments

    Dictámenes del Consejo de Estado
    Número de expediente: 1973/2003 (AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN)
    Referencia: 1973/2003
    Procedencia: AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
    Asunto: Anteproyecto de Ley de Arrendaminetos Rústicos.
    Fecha de Aprobación: 26/6/2003

    TEXTO DEL DICTAMEN

    La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

    “En cumplimiento de Orden de V.E. de 16 de junio de 2003 (recibida al día siguiente), el Consejo de Estado ha examinado el anteproyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos.

    De antecedentes resulta:

    I / La exposición de motivos del anteproyecto, dividida en cuatro partes, analiza sucesivamente las principales justificaciones de la nueva norma.

    En primer lugar se expone la obligada vinculación entre la estructura de las explotaciones agrarias, la mejora de la competitividad y la consolidación de empresas viables, extremos todos para los que la movilidad de la tierra se convierte en un elemento esencial, lo que evidencia la idoneidad del mecanismo del arrendamiento.

    Desde una perspectiva constitucional se recuerda luego que una adecuada regulación de los arrendamientos rústicos responde al mandato constitucional del artículo 130.1 dirigido a los poderes públicos y halla su habilitación competencial en la prevención del artículo 149.1.8ª, en cuanto que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales allí donde existan.

    En tercer lugar se detiene extensamente la exposición de motivos sobre el modelo español y las diferentes tendencias de tenencia de la tierra que coexisten en el seno de la Unión Europea y su evolución histórica reciente, constatando la relevancia del arrendamiento respecto a otros modelos. Ello se conecta con la situación de cambio ligada a la Política Agrícola Común y el desafío de la necesaria renovación de las explotaciones agrarias, dinamizando el mercado de la tierra y asegurando la actividad económica en el medio rural.

    El descenso de la población activa agraria general (de lo que se aportan significativos datos estadísticos) unido al deseable acceso de jóvenes profesionales a la agricultura son otras de las razones que abonan la necesidad de actuar decididamente sobre el mercado de arrendamientos reformando su legislación, dando entrada a unidades de producción mayores, más tecnificadas, informatizadas y con mayor integración en redes de comercialización.

    El sentido de la nueva regulación consiste en ahondar en la reforma de la Ley de Arrendamientos Rústicos de 1980 acometida por la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, acentuando la tendencia iniciada de aumento de los arrendamientos rústicos.

    Se examinan luego las más destacadas novedades que introduce la futura norma legal a través del repaso de los correspondientes Capítulos en que se divide, deteniéndose en aquellos que se consideran más relevantes.

    Del Capítulo I se destacan la primacía de la autonomía de la voluntad de las partes, el arrendamiento de explotaciones y la inclusión de las cuotas de producción en caso de arrendamiento. En el Capítulo II se resaltan significativas novedades en el detalle de las partes contratantes, suprimiéndose el requisito de la profesionalidad exigido por la Ley de 1980 y que iba destinado a proteger prioritariamente al “agricultor a título principal”, personaje central de la atención agraria comunitaria, el cual va cediendo paso poco a poco a la viabilidad de las explotaciones agrarias.

    Dentro del Capítulo IV se examina, llamando la atención ampliamente su marcada relevancia, la cuestión de la duración de los arrendamientos, respecto a los que se ha acortado el plazo máximo de 5 a 3 años, estableciendo un sistema de prórrogas tácitas por tres años que hace perder sentido a los derechos de adquisición, tanteo y retracto (minuciosamente regulados en 1980) y que suponían una notable limitación a la propiedad.

    Finalmente, la exposición de motivos acentúa la relevancia de los Capítulos VII (en el que se regula la enajenación y el subarriendo) y IX (destinado al régimen de las aparcerías), entendiendo en definitiva que existe a lo largo del texto una clara orientación flexibilizadora del régimen del arrendamiento la cual debe conducir a una mayor movilidad de la tierra y a la modernización de nuestras explotaciones agrarias.

    El proyecto consta de diez Capítulos con 34 artículos, presentando el siguiente detalle:

    Capítulo I: Disposiciones generales.

    Artículo 1: Arrendamiento rústico.

    ” 2: Arrendamiento de explotación.

    ” 3: Cuotas de producción y otros derechos.

    ” 4: Compatibilidad de arrendamientos.

    ” 5: Contratos no considerados como rústicos.

    ” 6: Arrendamientos exceptuados de la presente ley.

    ” 7: Inaplicación de las normas de la presente ley.

    ” 8: Desenvolvimiento del contrato.

    Capítulo II: Partes contratantes.

    Artículo 9: Capacidad.

    ” 10: Resolución del derecho del concedente.

    Capítulo III: Forma.

    Artículo 11: Forma en los diversos supuestos.

    Capítulo IV: Duración del arrendamiento.

    Artículo 12: Tiempo de duración.

    Capítulo V: Renta.

    Artículo 13: Fijación de la renta.

    ” 14: Pago.

    ” 15: Cantidades asimiladas a la renta.

    ” 16: Contrato de seguro.

    Capítulo VI: Gastos y mejoras.

    Artículo 17: Principio general.

    ” 18: Gastos de conservación a cargo del arrendador.

    ” 19: Otros gastos a cargos del arrendador.

    ” 20: Obras y mejoras a cargo del arrendatario.

    ” 21: Mejoras útiles y voluntarias.

    Capítulo VII: Enajenación y subarriendo.

    Artículo 22: Enajenación de la finca arrendada.

    ” 23: Cesión y subarriendo.

    Capítulo VIII: Terminación del arrendamiento.

    Artículo 24: Terminación del arrendamiento.

    ” 25: Resolución del arrendamiento a instancia del arrendador.

    ” 26: Rescisión.

    ” 27: Efectos.

    Capítulo IX: De las aparcerías.

    Artículo 28: Contrato de aparcería.

    ” 29: Régimen jurídico de la aparcería.

    ” 30: Aplicación de la normativa laboral y de Seguridad Social.

    ” 31: Duración.

    ” 32: Aparcería asociativa.

    Capítulo X: Normas procesales.

    Artículo 33: Jurisdicción y competencia.

    ” 34: Cuestiones litigiosas extrajudiciales.

    Comprende, además, tres disposiciones adicionales (relativas a las mejoras y renta, ámbito territorial de la norma y régimen de expropiación forzosa); dos disposiciones transitorias (atendiendo a los contratos vigentes en el momento de entrada en vigor de la Ley y a los procesos pendientes); una disposición derogatoria (que, conforme a su naturaleza, ordena la derogación de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos; el artículo 28 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, y la Ley 1/1987, de 12 de febrero, por la que se prorrogan determinados contratos de arrendamientos rústicos y se establecen los plazos para acceso a la propiedad, junto a otras normas reglamentarias) y tres disposiciones finales: la primera señala el título competencial al amparo del cual se dicta la presente norma (y que se halla en las competencias exclusivas atribuidas al Estado por el artículo 149.1.8ª, con la excepción del artículo 30, dictado al amparo del 149.1.1.7ª; la disposición adicional tercera, derivada del 149.1.1.8ª y la transitoria segunda, derivada a su vez del 149.1.1.6ª), la segunda establece el ámbito de aplicación y, finalmente, la tercera final señala como fecha de entrada en vigor de la nueva norma el plazo de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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