El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem, que compartía turno con el señor Guinart.
Adelante.
El señor GUINART SOLÁ: Gracias, señor presidente.
Señorías, como ha dicho mi compañera Mercè Pigem, intervengo para fijar la posición de los diputados de Unió Democrática de Catalunya, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ante el proyecto de modificación del Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Recordarán que hace aproximadamente un mes nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, interviniendo en nombre de Unió defendió con argumentos de todo tipo -jurídicos, sociológicos, psicológicos, por experiencias comparadas en otras comunidades, citando el dictamen del Consejo de Estado, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera- una enmienda a la totalidad de nuestro colectivo político al proyecto de ley, argumentos que, lógicamente, no voy a repetir. Simplemente, quiero reiterar que nuestra posición no es contraria al respeto y a la dignidad de las personas homosexuales, al contrario, hemos sido proactivos al reconocimiento y defensa de sus derechos allí donde hemos tenido responsabilidades de gobierno y competencia legislativa, como es el caso inapelable y pionero en España de la Ley de parejas de hecho hetero y homosexuales del Parlament de Catalunya.
Nuestra argumentación para discrepar de la regulación que propone el Gobierno de otorgar esos derechos a parejas estables homosexuales a través de la institución del matrimonio es porque nos parece inoportuna cuando, para conseguir los mismos fines de reconocimiento, igualdad y efectos jurídicos, podía haberse recurrido a otras figuras, conceptos o nuevas instituciones jurídicas perfectamente asumibles por todos y que probablemente hubieran reunido un mayor consenso en su aprobación final, como podría ser el de uniones civiles de personas del mismo sexo o tantas otras que la simple observación de la legislación de otros países nos habrían sugerido; eso por un lado. Por otro, la cuestión de la adopción, en la que reiteramos que el principio de inspiración del legislador y de la Administración debería ser el de poner en primer lugar y prioritariamente el derecho del adoptado -niño o niña-, que no pueden opinar ni elegir, sobre el derecho de los adoptantes, buscándose así una familia para un niño o una niña y no un niño o una niña para una familia deseosa de adoptar, independientemente de situaciones singulares, de filiación biológica a un miembro de la pareja homosexual o adopción monoparental previa que podría justificar una adopción por el otro miembro de la pareja. Valoramos también en nuestra posición las dificultades que la posibilidad de adopción por parejas homosexuales va a representar para la doctrina internacional, la más numerosa, pues la mayoría de países con los que existen convenios no aceptan esa circunstancia y eso va a perjudicar tanto a parejas homosexuales como a las heterosexuales y puede distorsionar las listas de espera para la adopción nacional.
En cuanto a las enmiendas, nuestros diputados solo presentaron la citada enmienda a la totalidad, que no prosperó. En relación con las de los demás grupos, vamos a votar favorablemente la número 8, del Grupo Nacionalista Vasco, pues se refiere a las uniones civiles de personas del mismo sexo con la misma forma y requisitos que se establecen para el matrimonio, ya que están en la línea de nuestra argumentación, pero no podemos votar el resto pues establece la equiparación absoluta de efectos, lo que significa la adopción, entre otros. Votaremos también en contra de las demás enmiendas y nos abstendremos en las del Grupo Popular. Lógicamente, votaremos en contra del dictamen. No obstante, quien les habla muy probablemente en los próximos meses, y en su calidad de alcalde, va a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo, función que ejercerá con absoluta lealtad y sometimiento a esa ley que hoy con toda seguridad se aprobará.
Gracias, señor presidente, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Guinart.
Grupo Parlamentario Popular, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención manifestando mi absoluto respeto a todas las personas que, utilizando todos los medios que ofrece el Estado de derecho, luchan activamente por la libertad y la igualdad de oportunidades, bien sean personas individuales o asociaciones como las que hoy nos acompañan en la tribuna. Cuando hablamos de convivencia pacífica y democrática, cuando hablamos del reconocimiento y la protección de los derechos y libertades de las personas, de un futuro de bienestar y progreso, tenemos que hablar de la Constitución de 1978, de esa Constitución que en poco más de 25 años nos ha permitido alcanzar las mayores cotas de prosperidad y superar la mayor parte de los problemas, acontecimientos y tensiones que dramáticamente pusieron en peligro nuestra convivencia en épocas pasadas. Ese espíritu de concordia, ese esfuerzo por alcanzar el consenso con mucha generosidad por parte de muchos hizo posible nuestra transición a la democracia. Y ese espíritu de la transición que ahora algunos se empeñan en romper es el que debería protagonizar los debates políticos, también este que hoy nos ocupa y que afecta a algo tan esencial como son nuestras formas de convivencia, pero lamentablemente no está siendo así. Lejos del tan cacareado talante, del diálogo, de esas promesas de gobernar para todos escuchando a la sociedad, nos hemos encontrado con posturas inamovibles, con la ausencia más absoluta de diálogo, con insultos y descalificaciones hacia quienes defendemos planteamientos discrepantes con la iniciativa del Gobierno.
Señores de la mayoría, lo que hacen cuando ustedes descalifican con insultos a la oposición es descalificarse a sí mismos. Esta es la casa de la palabra y del argumento, no de los insultos o de las descalificaciones.
Como decía al inicio de mi intervención, en estos últimos 25 años hemos avanzado mucho, se ha producido una gran transformación social, económica y política de España, pero teníamos pendiente una cuestión: abordar una regulación, dar un estatuto jurídico a las relaciones de convivencia de parejas del mismo sexo para acabar con cualquier discriminación por razones de orientación sexual. Teníamos esa obligación a la que nos compromete el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Es verdad que en los años de gobierno del Partido Popular no alcanzamos un acuerdo -no hace falta que lo repitan-, de la misma manera que en los 14 años de gobierno socialista tampoco se aprobó esa regulación. Es absurdo entrar en este tipo de debates, no tiene sentido acusar a unos o a otros de aquello que no hicieron. Lo que sí es cierto es que la sociedad española ha evolucionado y los grupos políticos también lo hemos hecho, y este era el momento de aprobar esta legislación, de reconocer legislativamente lo que la sociedad española admite con normalidad en su convivencia. Por ello, al final de la pasada legislatura el Partido Popular se había comprometido a abordar esta regulación estatal, que ya en el ámbito autonómico se había aprobado en distintas comunidades gobernadas por el Partido Popular. Lo incluimos como compromiso de nuestro programa electoral y, si en estos años hemos demostrado algo, desde luego, es que con el Partido Popular los programas electorales se transforman en auténticos programas de gobierno, de manera que, de haber ganado las últimas elecciones generales, habríamos impulsado esa iniciativa desde el Gobierno, como hemos hecho ahora desde la oposición, votando a favor de la toma en consideración de una proposición de ley sobre uniones estables de pareja el pasado 29 de junio y presentando un texto articulado completo que regula las uniones civiles estables de pareja el 13 de octubre del pasado año, iniciativa que tuvo muy buena acogida por distintos colectivos. Yo invito a las personas que hoy nos acompañan en la tribuna y que han luchado activamente en favor de los derechos de los homosexuales a que lean nuestra iniciativa. Verán cómo hay un amplio catálogo de derechos que los equiparan con el matrimonio. Hoy quiero hacer referencia en este sentido a personas que nos acompañan en la tribuna, a afiliados del Partido Popular que en su condición de homosexuales han luchado activamente en contra de la discriminación que podrían sufrir, que demandaban una regulación que acabara con la inseguridad jurídica existente en las parejas formadas por personas del mismo sexo. Pues bien, estas personas que forman parte de nuestro partido se sienten cómodas, se sienten representadas en él y sus reivindicaciones se plasmaron en nuestro programa electoral y en la ponencia comprometidos con las personas, que se aprobó en el último congreso nacional. Por tanto, atribuirse en exclusiva, como pretenden hacer algunos, la representación de los intereses y de los derechos de los homosexuales no tiene ningún sentido.
Señorías, había un gran acuerdo en esta Cámara sobre una de las opciones a seguir para alcanzar el objetivo compartido de acabar con la discriminación que sufren las parejas homosexuales, pero ustedes, señores de la mayoría, han decidido tapar y aparcar un gran acuerdo social y político relativo a la regulación de las parejas de hecho, despreciando las iniciativas que fueron tomadas en consideración hace casi un año.
¿Por qué hacen eso? ¿Por qué eligen la opción más controvertida? Quizá, más que resolver un problema y cumplir con una obligación lo que ustedes buscan es propaganda y publicidad. Han actuado como si la única alternativa para superar las situaciones de discriminación de las parejas homosexuales fuese el matrimonio y ustedes saben que no es verdad. Saben que hay otras alternativas pacíficas, centradas y que tienen un amplio apoyo social y político, alternativas que son mayoritarias en Europa y en todo el mundo occidental. La mayoría de esos Estados, con independencia del signo político de sus gobiernos, han optado por una regulación específica de las parejas de hecho, acabando con la discriminación de las parejas homosexuales mediante un conjunto de derechos y obligaciones equiparables a los del matrimonio, salvo en lo que se refiere a la adopción. Esta opción mayoritaria es la que defiende el Grupo Parlamentario Popular, es la que defiende el Consejo General del Poder Judicial, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y el Consejo de Estado; la que defienden líderes socialistas internacionales como Lionel Jospin y demócratas como John Kerry; la que ha defendido esta misma semana el alcalde socialista de La Coruña. El señor Vázquez, en una entrevista del pasado lunes, afirmaba -abro comillas-: me opongo a la adopción de hijos por parejas homosexuales y rechazo que a esa unión se le llame matrimonio. Añadía que admite, ampara y protege el derecho de una persona a tener una sexualidad diferente y que tenga los mismos derechos que los demás. ¿Es por ello homófobo el señor Vázquez? ¿Es homófobo por estas declaraciones que ha hecho en un diario esta misma semana? (Rumores.) ¿Son homófobos el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial? ¿Somos homófobos los del Partido Popular por defender esa misma postura? (Varios señores diputados y varios invitados desde la tribuna: ¡Sí!) ¿Por qué nos han llamado homófobos?
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora diputada.
Las personas que están en las tribunas no participan en los debates. Por favor, les agradecemos que estén aquí, pero guarden la compostura necesaria. Espero que no se reproduzcan afirmaciones ni en pro ni en contra cuando esté interveniendo algún miembro de la Cámara.
Continúe, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
¿Por qué nos han llamado homófobos, por defender equiparación de derechos, exceptuando la adopción, a través de una figura jurídica específica? ¿Son homófobos y retrógrados los gobiernos, cuyo ejemplo siguen ustedes, de Francia y Alemania? ¿Son homófobos Portugal, el Reino Unido y todo el resto de Estados que, en su mayoría, han optado por esta otra regulación? Quien entra en descalificaciones es que no tiene argumentos de peso para defender su posición. Lamentablemente, en los últimos debates se han producido graves e injustas descalificaciones contra los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Desde las filas socialistas se nos ha dicho que pretendemos arrebatar y no reconocer la dignidad de las personas homosexuales; nada más lejos de la realidad. Ustedes nos han dicho que somos cómplices de la discriminación y que a eso se le llama homofobia.
¿Por qué esa demagogia barata? ¿Por qué nos insultan? Sepan ustedes que con sus afirmaciones no solo insultan a mi grupo -que, por cierto, no recibió el amparo de la Presidencia de la Comisión ante esas descalificaciones-, sino que están insultando a los diez millones de personas que nos han votado, a todas las instituciones que he citado, a todos los dirigentes internacionales que defienden posturas distintas de las suyas, al señor Vázquez, que debe ser -según ustedes- un gran cómplice de la discriminación. Ustedes insultan a todos los gobiernos socialistas presididos por Felipe González, al Grupo Parlamentario Socialista que lo sustentaba, y en ese momento estaba sentado en los escaños el señor Rodríguez Zapatero.
¿Saben qué decía por aquel entonces el Gobierno socialista? ¿Saben lo que decía el Ministerio de Justicia? En una resolución de la Dirección General del Registro y del Notariado de 1988 se afirma que el matrimonio es una institución en la que la diferenciación de sexos es esencial. En otra resolución de 1991, también del Gobierno socialista, se decía: el derecho fundamental del hombre y la mujer a contraer matrimonio, contemplado en el artículo 32 de la Constitución española, está limitado a personas de distinto sexo biológico. No lo dice el Partido Popular, son los gobiernos socialistas los que hacían estas declaraciones. Para el actual Grupo Socialista debían ser gobiernos homófobos y cómplices de la discriminación.
Señorías, el matrimonio siempre ha sido a lo largo de los siglos la unión entre un hombre y una mujer, y eso es lo que dice el artículo 32 de nuestra Constitución, que expresamente ha querido hacer esa diferencia de sexos: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. No dice los españoles, o todos, o los ciudadanos, o toda persona, como en otros muchos artículos, sino que hace esa diferenciación porque es el rango esencial de la institución matrimonial, que es recogida y protegida por nuestra Constitución sin que, como también se está diciendo en esta Cámara, sea discriminatorio no admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. A este respecto el Tribunal Constitucional, en distintos autos, deja muy claras las cosas y señala la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del matrimonio, sin que ello suponga conculcar para nada los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación.
Con estas argumentaciones se equivocan, y más cuando incurren en continuas descalificaciones. No rechacen tantas opiniones distintas de las suyas y que, sin embargo, también quieren acabar con la discriminación de las parejas homosexuales. Ayer teníamos una nueva manifestación, un comunicado conjunto de las distintas confesiones religiosas, pero ustedes siguen sin escuchar a la gran mayoría de la sociedad, actúan, como decía Hayek, con la fatal arrogancia de los gobernantes que imponen su visión del mundo e incluso de la propia vida de cada persona.
En el Partido Popular defendemos el equilibrio entre la libertad y la igualdad, que ustedes niegan al querernos hacer desfilar con el mismo uniforme ideológico. El que no opine como el PSOE actual es un homófobo.
Nosotros creemos que la integración en las sociedades abiertas no pasa por la imposición, sino por el desarrollo de una sociedad que proporciona igualdad de oportunidades a todos sus ciudadanos. No hay que fracturar ni hacer revoluciones. Hay que trabajar día a día, sin buscar grandes titulares, como los que ustedes obtendrán mañana. Si de verdad quieren solucionar el problema que tienen las parejas homosexuales rectifiquen, abandonen la arrogancia, el sectarismo ideológico, la intolerancia partidista. Busquemos entre todos una respuesta jurídica sensata, centrada. La evolución de la sociedad española permite con relativa facilidad aprobar esa figura jurídica específica que soluciona el problema sin crear otros y que contaría con un amplísimo respaldo social y político. Todavía estamos a tiempo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Torme.
Por el Grupo Socialista, señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, ha llegado el momento de poner fin a intolerables discriminaciones. Son las palabras del presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Hoy damos un paso más hacia el fin de la discriminación por motivos de orientación sexual, extendemos el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, extendemos la igualdad. Con esta iniciativa se cumple una histórica reivindicación, se cumple la palabra dada y un compromiso electoral.
Señorías, hoy es necesario hacer un poco de historia, hoy es necesario recordar a gays y lesbianas, a todos esos hombres y mujeres que por el simple hecho de ser ellos mismos fueron encarcelados, perseguidos, insultados, agredidos o simplemente mal vistos. Sirva hoy esta ley que vamos a aprobar como homenaje y reconocimiento a todos ellos, a todos los colectivos y organizaciones que de manera cívica y democrática han trabajado durante estos años por la igualdad. A todas las personas a las que estuvieron, a las que están y a las que estarán, gracias.
Estamos ante uno de esos momentos en que se hace patente la diferente intensidad con la que se siente la igualdad y la libertad. Apoyamos y defendemos esta ley y lo hacemos con decisión, con convencimiento, con pasión y con optimismo. Porque estamos ante una oportunidad real de ampliar el concepto de ciudadanía y profundizar en la democracia. Porque con esta ley las personas homosexuales alcanzarán el derecho de casarse, formar una familia y disfrutar de todos los derechos que ello conlleva.
Señorías, hagan un ejercicio de empatía y, si no es su caso, piensen cómo se sentirían si se les privara de este bien y con qué derecho somos capaces de privar de este derecho a otros. Al igual que con otros derechos, el voto de la mujer, los matrimonios interraciales, siempre han existido países que han sido los primeros en avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos, en ampliar derechos que con el paso del tiempo nadie discute ni cuestiona. Ahora sí damos un paso más en la democracia, maduramos como sociedad y crecemos como ciudadanía.
Pasando a las enmiendas que quedaron en Comisión, en primer lugar quiero hacer referencia a Esquerra Republicana de Cataluña. Debemos hacer una corrección técnica. En el artículo 48 de la Ley del Registro Civil, en la enmienda transaccional presentada en la Comisión por este grupo, en concreto la número 2, existe un error de mecanografía porque se incluyó la letra “o” donde no debía, quedando redactado de la siguiente forma: La afiliación paterna o materna constará en la inscripción de nacimiento o a su margen. El último “o” es un error. Quiero hacer constar ante la Cámara la corrección, y el título diría: “…en la inscripción de nacimiento a su margen”.
Siguiendo con el Grupo Parlamentario Mixto, agradecemos su trabajo pero creemos que el contenido de sus enmiendas ya está recogido en el proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Grupo Parlamentario Vasco, la ley va más allá de la unión civil y de las limitaciones que conlleva, por lo que son incompatibles con el espíritu de la ley. La enmienda número 11 recoge un tema que ya se trató y transaccionó en la Comisión, aunque podemos entender que tengan preferencia por su redacción. Nos parece más correcta la transaccional aprobada en Comisión porque el contenido de su enmienda puede dar lugar a posibles conflictos en la interpretación de las normas competenciales. Por otro lado, sabemos de la libertad de voto que su grupo ha ofrecido y de la voluntad, como usted misma, señora Uría, ha manifestado en más de una ocasión, de que esta ley sea aprobada.
Señorías, hemos aceptado enmiendas y por ello mi grupo quiere agradecer y hacer constar la colaboración y el diálogo de la mayoría de los grupos en la mejora de esta ley.
Para finalizar, el Grupo Parlamentario Popular. Ustedes hablan de que quieren diálogo, pero los hechos nos revelan otra realidad. Los hechos no revelan que su intención es mutilar la ley, mutilar la igualdad, mutilar los derechos de gays y lesbianas por el mero hecho de atreverse a serlo.
(Aplausos.) Todas sus enmiendas son negativas, todas sus enmiendas son de supresión. No construyen nada, no proponen nada, ni tan siquiera dan lugar a la transacción o el diálogo. Señoras y señores diputados del Partido Popular, reflexionen acerca de ello porque seguir impidiendo esta modificación es contribuir a la homofobia y mantener la discriminación en función de la orientación sexual. Con esta postura suya de negación e intolerancia, mostrándose despiadados con todo aquel que es o se atreve a ser diferente, enraíza la injusticia en nuestra sociedad. (Aplausos.-El señor Atencia Robledo: No es verdad.) Seguir impidiendo esta modificación es amparar la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, es no reconocer la dignidad de todos los modelos de familia, de las personas homosexuales, y no reconocer la pluralidad de las formas afectivas de unión, de las formas de amar. Con la defensa de estas enmiendas, su grupo es cómplice de la discriminación, quiere legislar la discriminación. Y cuando esta discriminación es por motivos de la orientación sexual, tiene un nombre.
No podemos aceptar ni una sola de sus propuestas porque esta ley es una apuesta clara por la plena igualdad jurídica. No es una concesión graciosa, no es una cuestión de permiso, sino de derecho. Es el reconocimiento de un derecho en igualdad, el del matrimonio, y la igualdad no se regatea. El derecho a contraer matrimonio y llamarse matrimonio es un derecho de todos sin distinción, y en democracia no puede concebirse como un privilegio de uno con exclusión de otros. A lo largo de la justificación de sus enmiendas se empeñan en proponer la regulación en el marco de proposiciones de ley de parejas de hecho que se están tramitando, de lo que llaman unión civil estable. A esto les diré que, ante lo inevitable, llegan tarde y faltos de credibilidad. (Aplausos.)
Ocho fueron los años que gobernaron, la mitad final con mayoría absoluta, y no es que no se llegara a un acuerdo, es que ustedes no lo permitieron, y 31 fueron las votaciones en las que se retrataron en contra de los derechos de las personas homosexuales. (Aplausos.) Con la del pasado 11 de abril, 32. ¿Hasta cuándo pretenden seguir aumentando la lista? Al parecer, las parejas de hecho es una cuestión que ahora, según dicen, les preocupa y en la que últimamente muestran prisas. No tenga su grupo preocupación, aquí también cumpliremos la palabra dada. Pero aquí tienen un error de concepción. El objetivo es la consecución del matrimonio para todos y conseguir, a partir de ese momento, que homosexuales y heterosexuales podamos elegir entre casarnos, formar una unión de hecho o no establecer ningún vínculo jurídico. Eso es lo que queremos, la igualdad plena. En contraposición, la ley que votaremos es una reforma sencilla técnicamente, aunque trascendental desde un punto de vista social, de la igualdad y de la libertad. Como hemos visto, básicamente es la reforma de un artículo único, el 44, el concerniente al matrimonio.
Sin embargo ustedes lo intentan complicar y se ocultan detrás de falsos tecnicismos jurídicos, posiciones que poco tienen que ver con el derecho y mucho con la concepción de la sociedad y de las personas que la forman.
No se escondan en tecnicismos, el derecho al matrimonio, como está reconocido en el artículo 32 de la Constitución, no especifica que tenga que ser entre personas de distinto sexo, y cuando la Constitución quiere una exclusión, lo dice de manera expresa. Los únicos parámetros constitucionalmente válidos para interpretar qué es el matrimonio para la Constitución son sus principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.
He escuchado con atención lo que decía la portavoz del Grupo Popular y, señora Torme, tiene usted razón cuando dice que la postura del PP es conocida y clara. Es tan conocida como la opinión esperpéntica y folclórica de su portavoz, y es tan clara como cuando España fue el único país europeo que se opuso a que gays y lesbianas tuviesen voz en la ONU.
El representante español votó con Egipto, que condena a trabajos forzosos a los gays (Aplausos.); votó con Irán y Sudán, que castiga las relaciones consentidas del mismo sexo con la pena de muerte; con Zimbabwe, cuyo presidente afirma que los homosexuales son peores que perros y cerdos y deben ser exterminados, y con Uganda y Qatar, entre otros países con leyes homofóbicas. Esta es la posición clara y conocida del PP. Cuando habla de esos homosexuales de su partido, supongo que se refiere a los mismos que no hace mucho aparecieron en El Mundo apoyando expresamente el matrimonio y haciendo autocrítica de su propio partido. Y no daremos nombres, pero se podrían dar. Como también hay que decir que la mitad de su electorado está a favor de esta ley, recuérdelo.
En cuanto a la adopción, aquí utilizan otra vez el discurso de la doble moral, incluso llegan a insultar la inteligencia. Sí a la adopción porque, primero, es una realidad que los homosexuales tienen hijos que viven en el seno de parejas homosexuales, por lo que los niños, al no estar reconocidos, están siendo desprotegidos y también discriminados.
Segundo, son innumerables, más de 50, los estudios internacionales independientes que demuestran que no hay diferencias entre los niños criados en parejas homosexuales y heterosexuales. Además, la Federación Estatal de Gays y Lesbianas les ha hecho llegar informes recientemente, además tienen el suyo propio de Gallardón, de la Universidad de Sevilla.
¿Qué más quieren? Tercero, porque lo más importante, y así lo cree el 75 por ciento de la sociedad española y el sentido común, ha de ser garantizar el bienestar de los niños, con independencia de la orientación sexual de la pareja. Señorías, son los niños los que tienen derecho a que la sociedad les proporcione la mejor opción de familia y es función de los profesionales decidir si la pareja cumple las condiciones necesarias para ser unos buenos padres o madres. De todos modos, para acabar con este tema, sinceramente creo que no tenemos que justificarnos. Es obvio y está aceptada la idoneidad de las personas homosexuales para adoptar y educar niños tanto social como científica y jurídicamente. Quien defienda lo contrario es quien debe justificar que sus argumentos son así y avalar que no se basan en el hecho de discriminar por razones de orientación sexual.
Para ir concluyendo, señor presidente, quiero decir que la medida no va contra nadie, es a favor de la igualdad, de la tolerancia y de la pluralidad; no va a perjudicar a nadie. Es injusto ser ciudadano de segunda por amor; una injusticia que ya toca a su fin porque ahora España se va poniendo a la cabeza del mundo en derechos, porque España se pone a la vanguardia de la defensa de la plena equiparación de gays y lesbianas.
Señorías, una dictadura nos hizo llegar tarde a alcanzar derechos que los europeos hacía tiempo que tenían consolidados. Después de casi 27 años los españoles nos equiparamos no solo en derechos entre nosotros mismos sino que además somos un ejemplo para otros países en derechos civiles y libertades públicas.
Para acabar diré que hoy daremos un gran paso en la erradicación de la discriminación legal o formal, pero aún quedará la discriminación cotidiana, aún quedará alcanzar la plena equiparación social y esto lo conseguiremos incorporando la equidad como eje de las políticas sociales, culturales y educativas. Es algo con lo que también estamos comprometidos, es un reto que entre todos conseguiremos.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Turno del Gobierno.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (López Aguilar): Señor presidente, gracias por permitirme consumir un turno de Gobierno después de la fijación de posiciones que se ha dado en este debate. El turno no quiere ser de debate sino de reconocimiento, de gratitud por el debate.
Ha sido un debate que ha girado precisamente sobre el concepto de dignidad que tiene permanentemente abierto un desafío de superación de barreras de discriminación, muchas de ellas de profunda raíz histórica o atávica, pero que son discriminaciones que afectan a derechos y libertades y de modo particular a la extensión de la libre elección en la búsqueda de la felicidad, derecho fundamental donde los haya, no escrito o inexpreso, y que por cierto constituye el horizonte de extensión de derechos y libertades al que apunta la proyectada Constitución europea. Desde el Gobierno expreso nuestro reconocimiento y gratitud por el debate, por las enmiendas y aportaciones que han surgido en el curso del trámite parlamentario, por todas las posiciones expresadas por los distintos grupos, todas ellas, a favor o en contra, merecedoras de respeto. De forma muy particular quiero hacer un reconocimiento a los colectivos que han estado presentes a lo largo de toda la historia de la democracia, que estuvieron presentes en la transición, afirmando con su testimonio el desafío de extensión de derechos y libertades para crear entre todos una sociedad más integrada, sin exclusiones, en la que nadie pudiera ser dejado atrás, en la que nadie sea dejado atrás, por tanto, una sociedad que no admite discriminaciones y que desde luego no las admita por razón de orientación sexual.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.