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Acta de la discusión en el Pleno del Senado del Proyecto de Ley de modificación CC en materia de derecho a contraer matrimonio

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, señorías, permítanme, en primer lugar, expresar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el agradecimiento a tantos hombres y mujeres que con su lucha y su sufrimiento a lo largo de décadas han hecho posible que esto se debata hoy. (Aplausos.) Es de bien nacidos ser agradecidos, y nosotros entendemos que ese esfuerzo, que esas represalias vividas, que ese sufrimiento tienen como compensación, en primer lugar, que demos las gracias; en segundo lugar, que pidamos disculpas, puesto que la Constitución Española, que está en vigor desde el día 29 de diciembre de 1978, dice en su artículo 14 lo siguiente: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pues bien, en estos 25 años ha habido discriminación en España con respecto a todos los hombres y mujeres que tenían una orientación homosexual. Hay que reconocerlo y hay que pedir disculpas porque no se ha tratado a todos los españoles de la misma forma.

Hoy tenemos la oportunidad, dicho en expresión de Azaña, de poder dar lo mejor de nosotros. Decía Machado que nadie es más que nadie. Podemos optar por el modelo de explicar el mundo, podemos optar por el modelo de embellecer el mundo, u optar por el modelo de hacerlo más justo. Pues aquí tenemos una oportunidad de hacer que la sociedad española vea reflejado su pluralismo y su diversidad en el plano de la orientación sexual también en el Derecho. Se trata, en una clásica expresión de una persona querida por todos los españoles y a quien deseamos una pronta recuperación, de elevar a legal lo que ya es real en el conjunto de los pueblos de España.

Todos tenemos amigos, parientes, vecinos y vecinas que a lo largo del tiempo no han podido expresar su orientación sexual debido al sufrimiento que llevaba aparejada tal opción. Hoy tenemos la oportunidad de escribir esta página para hacer más justo y más igualitario el Derecho. ¿Por qué razón tanta dificultad para hacerlo posible? ¿Por qué razón tanta furia? ¿Por qué razón tanta agresividad? ¿Por qué razón tanta descalificación? En 1870, cuando se introduce el matrimonio civil, ya se hacían advocaciones respecto a que el cielo se iba a desplomar, y se argumentaba

–aparece en un texto que me ha entregado Francisco Rodríguez, senador por Sevilla– que la introducción del matrimonio civil en España suponía la legalización del concubinato y el amancebamiento. (Rumores.) De allá hasta acá el cielo no se ha caído, y muchas personas se han podido casar por lo civil.

Expresiones similares se plantearon en 1981 –hoy lo recordaba María Antonia Martínez– cuando se introdujeron la separación y el divorcio. Se dijo entonces que ello iba a suponer el desplome de la familia modelo, pero ya sabemos que hoy no hay sólo una familia modelo sino que hay diversos modelos de familia. Algunos sociólogos dicen que hay 17 modelos y otros dicen que hay 63. En cualquier caso, no hay un único modelo.

Se planteó el mismo debate con la despenalización de los anticonceptivos, con los tres supuestos de despenalización del aborto, con el debate sobre la adopción, con las técnicas de reproducción asistida, con la investigación de las células madre… Pues lo que ahora se plantea y se cuestiona es la garantía institucional del matrimonio. Hay una especie de formulación atemporal, ahistórica, aterritorial, fuera del tiempo, del espacio y del ser humano, en virtud de la cual, en algún lugar, no se sabe por quién, se ha fijado que eso es el matrimonio y que todo lo demás no lo es. Ya se había dicho que por lo civil no era matrimonio sino concubinato y amancebamiento. Ya se había dicho que separación y divorcio suponían la destrucción del matrimonio. Ya se había dicho que las campañas de prevención del sida con el uso del preservativo también suponían la destrucción del núcleo básico de convivencia.

Nosotros entendemos que estamos haciendo una ley civil, que estamos en el ámbito del poder civil, que no se llama a la insumisión ni a la desobediencia ni al desacato a ningún otro ámbito grupal en el conjunto de la sociedad española, y no se está plantando ni se debe plantear que no hay que someterse a los dictados de la Constitución y del ordenamiento jurídico, porque entendemos que nadie, nadie, ninguna jerarquía de ningún tipo está ni al margen de la Constitución ni al margen del ordenamiento jurídico y, como dice el artículo 9.1, todos los ciudadanos, todos los españoles estamos obligados a respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico; también la Constitución es ordenamiento jurídico.

Se plantean dos tipos de argumentos en este veto. Primero, la garantía institucional exige que tenga que ser hombre y mujer. En el artículo 39.1 de la Constitución se hace referencia a la protección jurídica, económica y social de la familia, punto. No dice la familia heterosexual, tampoco dice la familia homosexual; se refiere estrictamente a la familia. No precisa, y donde no distinga el constituyente, no debe distinguir ningún intérprete. Es más, la referencia que hace el artículo 14, que antes he citado, con respecto a que no haya discriminación por cualquiera otra condición o circunstancia personal y social, es una formulación omnicomprensiva que incluye el género. En el año 1995, en Sudáfrica, se produjo un debate similar, cuando elaboraban la vigente Constitución del año 1996, y se planteaba por parte de algunos jueces la negativa a registrar los matrimonios entre personas de diversas razas: negros y blancas, blancos y negras, y por eso en esa Constitución se recoge de manera precisa la expresión de no discriminación, «ni por sexo, ni por género, ni por orientación sexual». Pues bien, de manera precisa la expresión «ninguna otra circunstancia personal o social» incluye esas tres y cualesquiera otras, porque es un «numerus apertus» y no un número cerrado, a los efectos de garantizar que los españoles son iguales ante la ley, y no debe prevalecer ningún tipo de discriminación. (Varios señores senadores despliegan la bandera arco iris.) Conjugando el artículo 14 con el 10.1 no parece que haya razonamiento alguno que justifique esa visión restrictiva, unitarista y unidimensional de lo que es la familia y lo que es el matrimonio. Se podría argüir, y con razón –se planteó en la sesión de debate de la comisión de expertos–, la expresión exacta que usa el artículo 32.1, relativa a «el hombre y la mujer», y tendría razón quien dijera: ahí, en la Constitución, se refiere al hombre y a la mujer, y la interpretación histórica, con toda razón, lo plantearía; pero como bien se nos explicó en la propia comisión, una interpretación gramatical y una interpretación sistemática, combinándola con el artículo 14 y con el artículo 10.1, es suficiente título para justificar la necesidad de evitar fórmulas discriminatorias. No tiene por qué haber una interpretación similar a la del Derecho Natural, una especie de derecho preestablecido, al margen del tiempo y de la historia, sino que en cada momento los representantes de la soberanía son los que deciden cómo quieren configurar las instituciones básicas. Éste es un núcleo básico de convivencia, es un agente socializador que comparte con los medios de comunicación, con la educación formal, con la educación informal, en general con las redes que hacen posible la socialización de los individuos, tanto niños como niñas.

Respecto al concepto de garantía institucional, alude el senador que presenta esta enmienda a la totalidad –en términos clásicos el veto– no sólo a la garantía institucional del matrimonio, alude también a los problemas que puede acarrear; como quiera que no ha citado los problemas que puede acarrear, no puedo entrar a abordarlos. Sí alude por el contrario al Derecho comparado, y podemos hablar de Derecho comparado.

Podemos hablar de los 49 Estados, de la República de Estados Unidos de América del Norte, que lo contemplan, a excepción de Florida. Podemos hablar de Canadá, de Ontario, del Yukón, de Columbia, etcétera. Podemos hablar de diversos Estados que lo contemplan.

Usted de manera inteligente no cita a Bélgica, no cita a Holanda, pero también podemos hablar de los modelos que se han planteado. Es algo progresivo. Cuando se planteó el reconocimiento del voto a la mujer o el reconocimiento de las fórmulas de convivencia interracial inicialmente todos los países no dijeron el mismo día, el mismo año y a la misma hora qué iban a hacer. Fue algo progresivo. Yo le puedo indicar que el 17 de mayo de 1990 ya, por acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, la homosexualidad no es una enfermedad. ¿Y qué es lo que ha planteado el presidente del Gobierno de Canarias, que es de Coalición Canaria, o el presidente de Asturias o el presidente del Parlamento europeo? Convertirlo en el día mundial contra la homofobia y la transfobia. ¿Por qué razón? Porque es una conquista imprescindible aceptar la diversidad, aceptar la pluralidad que existe en la sociedad.

Esto no va contra nadie. Es una reafirmación de la autonomía del poder civil para regular aquello sobre lo que tiene competencia y quizás sería una premisa básica sobre la que podríamos ponernos de acuerdo .

¿Tenemos competencia como representantes de la soberanía para regular esto o grupos ajenos a la soberanía son quienes tienen que dictar cómo regular la institución matrimonial? Yo reafirmo aquí hoy que esta legislación no va contra nadie. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y como no va contra nadie va a favor de reconocer derechos a grupos sociales que lo de menos es el número porque eso también es objeto de debate. Algunos expertos que comparecieron el lunes –no seamos ruínes, no recordemos nombres y apellidos, seamos respetuosos, pues suficiente es la petición de disculpa que se ha formulado; dejemos ya a un lado el asunto–, alguno de estos –decía– presuntos expertos insistía mucho en que era un 0,99, no llega ni al uno por ciento. Otro, por el contrario, insistía en que era un 10 o un 15 por ciento. ¿Es que acaso la nobleza y la justicia de una causa está en función del número? (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista:

¡Bien!) Por supuesto que bien, magníficamente. (Risas.

–Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.

El señor DÍAZ TEJERA: Nada tiene que ver que sea un uno por ciento, un 10 por ciento o un 15 por ciento, entre otras cosas, porque sinceramente no hay registros. Esa es una pregunta que no permite la Constitución. Hay un dato que ofrecía el representante de Berdindu del País Vasco –perdonen mi pronunciación–. Planteaba que de mayo de 2003 a mayo de 2005 se habían dado exactamente 5.436 registros de parejas, de los cuáles el 7 por ciento eran homosexuales. En estos dos años se han cancelado 102 registros, todos de heterosexuales. Es más, se insiste con mucha frecuencia en los efectos de la separación. Antes se nos leyó un texto francamente conmovedor de una niña de una familia que se separaba. Pero hay que aducir lo que es evidente: a nadie le gusta la enfermedad, a nadie le gusta, pero no por eso vamos a hacer desaparecer los hospitales ni los médicos, es así; a nadie le gusta, pero es así.

¿Qué ocurre con las separaciones y divorcios? A nadie le gustan las separaciones y divorcios, pero hoy hemos aprobado un texto que contempla algo que la jurisprudencia ya había desarrollado y es que si a nadie se le pregunta por qué se casa usted con esa persona, a nadie tampoco hay que preguntarle por qué se separa, anula o se divorcia. Es un asunto que depende sólo de la voluntad de los cónyuges. Pues bien, la jurisprudencia ya había desarrollado, lo que no contemplaba la ley para la que los jueces aplican una célebre expresión, la de que las leyes no dicen lo que dicen las leyes, sino que las leyes dicen lo que dicen los jueces que dicen las leyes; y ya en la práctica con la inexistencia de la «affectio» maritales, la voluntad de uno de los cónyuges es causa suficiente para la disolución o para la suspensión del vínculo en el supuesto de la separación.

Pues bien, en este caso concreto lo que se plantea es que a nadie le gusta la separación ni el divorcio en términos reales –el senador Bofill antes nos ofrecía un dato y he procurado que me lo proporcionara. Yo había recogido la cifra de 210.000 matrimonios pero, siendo más riguroso, son 210.155, durante el año 2003–, en el año 1996 la proporción de nulidad, de separaciones y de divorcios fue mucho mayor. Sin embargo, en el año 2003 se dieron 86.711 casos de nulidad, de separación o de divorcio.

El lunes, en sesiones celebradas desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde, nos explicaron que el promedio de matrimonios que acaban en nulidad, separación o divorcio es de 40 ó 45 por ciento. ¿Esta es una buena noticia? No, pero es la realidad, incluso los que de manera furiosa y con mucha ira han estado en contra del matrimonio civil, han celebrado un matrimonio civil, y los que de manera furiosa y agresiva han estado en contra de la separación y del divorcio también se han separado y divorciado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es más, muchos de los que han estado en contra de fórmulas que suponen

–según dicen– concubinato y amancebamiento, han estado en situación de parejas de hecho. ¿Por qué razón? Porque la realidad del ser humano es infinitamente más diversa que la imagen clásica de dos y dos, de hombre-mujer, chico-chica y televisor-sofá. Esa es una imagen que no se corresponde con la realidad, es infinitamente más plural.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo.

El señor DÍAZ TEJERA: Por eso la formulación es que hay hombres y mujeres, tiene usted razón, y tenemos en común, por ejemplo en términos de cromosomas, un porcentaje del 90 por ciento similar al de la mosca del vinagre, y con los primates un 96 por ciento. Pero a pesar de esa equivalencia cromosómica no hay dos hombres iguales y no hay dos mujeres iguales. Junto a esa unicidad que usted ha destacado, yo trato de destacar la diversidad y el pluralismo, y se trata de que esa diversidad y ese pluralismo, que es real en la sociedad española, se eleve al ámbito de lo legal. ¿Por qué razón? Porque tenemos esa deuda y esa asignatura pendiente con miles y miles de españoles y de españolas que en estos veinticinco años han comprobado que no se respetaba el artículo 14, que antes he mencionado.

El segundo argumento lo expongo con toda rapidez para respetar la indicación del señor presidente. Usted planteaba el asunto de la adopción. De los diez expertos que han venido, sólo dos han cuestionado que no sea cuestión de creencias, precisamente dos que no han llevado a cabo ninguna investigación empírica. Algunas investigaciones se han planteado no con estudios concretos, sino con metaanálisis, recogiendo todos los análisis que se han hecho sobre el desarrollo en términos psíquicos, en términos de aprendizaje, en términos de autoconcepto, de autoestima, de prestigio en su núcleo, con los profesores, con los tutores, en el barrio en que se encuentran, y todos, desde la asociación de psicólogos y psiquiatras norteamericanos hasta el Consejo Nacional norteamericano en materia de adopción, insisten en que no hay ningún dato riguroso, que sólo hay creencias.

El señor PRESIDENTE: Señoría, ruego concluya.

Imagino que tendrá todavía dos turnos más.

El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya. Puede haber creencias o preferencias, pero en términos reales lo importante es que el niño o la niña encuentre la calidad emocional suficiente y el orden suficientes para su desarrollo, y en la práctica, eso, señorías, se ha demostrado en términos científicos, no en términos morales, no en términos de creencias ni de preferencias sino en términos de la realidad, que en esto, como en todo, es mucho más tozuda. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.

–El señor Casas i Bedós pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Imagino que su señoría pide la palabra por el artículo 87.

El señor CASAS I BEDÓS: Sí, señor presidente. Voy a intervenir sólo durante un minuto.

Le felicito por su intervención, pero no tiene nada que ver con la mía.

Usted no ha hecho un turno en contra del mío, usted ha hecho un discurso muy bonito, que ha provocado muchos aplausos (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.

–Un señor senador pronuncia palabras que no se perciben.

–Rumores)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio.

El señor CASAS I BEDÓS: Creo que tienen que estar un poco más calmados.

Yo no he utilizado la furia, la agresividad ni la descalificación, ni he hablado del concubinato ni del amancebamiento, no he hablado de nada de eso. Usted haga el turno en contra al Consejo de Estado y sepa que mi posición es mayoritaria en el socialismo europeo, y usted está solo con su posición. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.

–El señor Díaz Tejero pide la palabra.–Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Imagino que su señoría pide la palabra por el artículo 87.

Tiene la palabra.

El señor DÍAZ TEJERA: Sí, señor presidente, pido la palabra por el mismo artículo por el que el señor senador ha intervenido, y con el mismo tono de respeto.

Ha aludido usted a tres asuntos: uno, garantía institucional del matrimonio, que he evaluado; dos, Derecho Comparado, que he comenzado a evaluar y que no he podido acabar porque habría que analizar otros muchos Estados, los que usted ha mencionado y otros más; y un tercero que me es particularmente querido y me hubiera gustado disponer de más tiempo para extenderme con amplitud, y por eso he mencionado los estudios empíricos con respecto a la adopción. En España, en el año 1987 había muchos niños y niñas así educados, que hoy son adolescentes, tienen 20 ó 30 años, y en la práctica se ha demostrado que han tenido un desarrollo educativo y social absolutamente idéntico al resto. Esto es lo que he hecho. Si usted quiere decir que además de estas consideraciones he hecho otras, tiene usted razón. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Lo primero que debo hacer, señorías, es lamentar no poder dirigirme al ministro de Justicia porque se conoce que no ha tenido a bien estar esta tarde con nosotros (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, por favor.

La señora VINDEL LÓPEZ: Supuestamente, los objetivos de la reforma son, en primer lugar, la remoción de toda discriminación fundada en la orientación sexual; en segundo lugar, otorgar a las formas de convivencia marital de personas del mismo sexo la protección jurídica que se deriva del artículo 32 de la Constitución, que establece un derecho a contraer matrimonio a favor del hombre y la mujer; y, en tercer lugar, poner fin a una supuesta situación de inseguridad jurídica, en particular la que resulta de las regulaciones autonómicas en materia de Derecho Civil, colindante con la institución matrimonial.

Pues bien, de estos tres grandes objetivos, el Grupo Parlamentario Popular está plenamente de acuerdo con el primero: la eliminación de cualquier discriminación por razón de sexo, entre otras cosas, señorías, porque es un mandato constitucional. En lo que no estamos en absoluto de acuerdo es en la fórmula que ha elegido el Gobierno para intentar hace desaparecer esa discriminación, permitiendo el matrimonio entre homosexuales, cuando se podía haber elegido cualquier otra mucho más pacífica, menos controvertida y más acorde con nuestro ordenamiento y con los de nuestro entorno. Y el Grupo Parlamentario Popular manifiesta también sus dudas en cuanto a que la aprobación de este proyecto acabe con esa pretendida situación de inseguridad jurídica.

Señorías, es cierto que en los últimos años han aparecido junto al matrimonio otras formas de convivencia que demandan una regulación por parte de los poderes públicos. El hecho de que dos personas, con independencia de su orientación sexual, convivan, unidas por un vínculo de efectividad análogo al conyugal, genera un conjunto de relaciones, de derechos, de deberes patrimoniales y personales entre sus miembros y con relación a terceros que en el momento actual no pueden ser desconocidos por el Derecho

Positivo y que merecen la protección de los poderes públicos a través de una regulación legislativa.

Así comienza, señorías, el preámbulo de la iniciativa presentada en octubre del año pasado por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Consta de 16 artículos, 2 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 15 disposiciones finales que, a su vez, modifican nada menos que un conjunto de diez importantísimas leyes. Les hablo de la Ley de Enjuiciamiento Civil; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; la Ley del Registro Civil; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley General de la Seguridad Social; la Ley de la Función Pública; la Ley de Clases Pasivas; la Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus; la Ley de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; y, por supuesto, más de 20 artículos del Código Civil.

Todo ello, señorías, para dar un instrumento jurídico de ámbito estatal al amparo del artículo 149 de la Constitución que permita a las parejas que lo deseen ordenar su convivencia en el aspecto personal y patrimonial.

Una iniciativa legislativa mucho más elaborada y clarificadora que el proyecto que hoy tramitamos, además de mucho más pacífica, porque resulta que no hiere sensibilidades ni convicciones personales algunas, y perfectamente respetuosa con el contenido del artículo 32 de la Constitución.

Sepan, señorías, que este proyecto del Gobierno ha merecido el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Sepan también que nada menos que cuatro religiones asentadas en nuestro país, salvo la musulmana, han pedido su retirada, así como una inmensa mayoría de la sociedad, como hemos tenido oportunidad de ver este fin de semana.

(Rumores.) El Grupo Parlamentario Popular veta este texto porque considera que la institución del matrimonio está reservada al hombre y a la mujer, tal y como proclama el artículo 32 de nuestra Constitución y, consiguientemente, se opone a la adopción. Además, rechazamos de plano que ni tan siquiera se contemple el respeto a la libertad de conciencia de las personas.

Señorías, no entendemos esta actitud de un Gobierno aparentemente tan dialogante y que presume de escuchar tanto a la gente. No escucha ni a los órganos consultivos del Estado, ni a los que les podían haber ilustrado ampliamente dada la importancia de la materia regulada, como la Comisión General de Codificación, o en materia de adopción que no hayan recabado un informe de la Dirección General de las Familias y la Infancia, máxime cuando el informe que acompaña a este proyecto dice expresamente: «Los problemas sustanciales del proyecto vienen planteados por los hijos habidos en el seno de estos matrimonios».

El matrimonio, señorías, es la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Por lo tanto, la heterosexualidad es un elemento constitutivo esencial del propio concepto del matrimonio. El matrimonio o es heterosexual o no es, porque el dato de la heterosexualidad aparece con toda naturalidad como un elemento indiscutible y obvio.

En cuanto a la situación en países de nuestro entorno, omito cualquier referencia porque ya lo ha hecho con todo detalle el senador Casas.

Nuestra Constitución, señorías, reconoce el derecho a contraer matrimonio entre el hombre y la mujer. En el único artículo en que se refiere al hombre y a la mujer es en el 32, mientras que en otros, como la regulación de cualesquiera otros derechos y libertades fundamentales, se emplean expresiones como «todos», como «las personas», como los «españoles», y lo hace, además, en consonancia con los convenios y tratados internacionales suscritos por España, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Convenio de Roma de 1950, o el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Señorías, yo me pregunto: ¿Tienen las parejas homosexuales en España un derecho constitucionalmente garantizado a contraer matrimonio? El Tribunal Constitucional ha respondido que tal derecho no existe; al contrario, que el matrimonio entre hombre y mujer sí es un derecho constitucional. Desde la perspectiva de la garantía institucional, es un completo contrasentido el argumento de que para fortalecer la protección de los homosexuales se les debe incorporar a la garantía constitucional del artículo 32. Señorías, si el contenido de ese artículo queda en manos del legislador, la Constitución no ofrece garantía alguna; por el contrario, si hay protección constitucional, el legislador tiene límites y no puede disponer libremente de la institución garantizada por la Constitución. Por lo tanto, para cambiar el concepto de matrimonio, señorías, lo que hay que cambiar es la Constitución, porque la ley no puede, en modo alguno, cambiar el contenido de los conceptos mediante la alteración radical de los conceptos, como es este caso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Tal y como ha subrayado el Tribunal Constitucional, no existe un derecho constitucional al establecimiento de la unión entre personas del mismo sexo. Se debe admitir la plena constitucionalidad del principio heterosexual como calificador del vínculo matrimonial, tal y como prevé nuestro Código Civil, de tal forma que los poderes públicos puedan otorgar un trato de privilegio a la unión familiar constituida por hombre y mujer frente a una unión homosexual, lo cual no excluye –sigue diciendo el Tribunal Constitucional– que por el legislador se pueda establecer un sistema de equiparación por el que los convivientes homosexuales puedan llegar a beneficiarse de los plenos derechos y beneficios del matrimonio. Es el auto del Tribunal Constitucional 222/1994.

Por lo que se refiere a la adopción, la prudencia aconseja que la aplicación a las uniones homosexuales derive de una voluntad expresa y consciente del legislador, y no como aparece aquí, señorías, como un efecto colateral de la integración en bloque de un nuevo modelo de convivencia en el régimen matrimonial.

La filiación adoptiva tiene como modelo la filiación biológica, por lo que la adopción conjunta por una pareja homosexual es contraria a la protección integral que los poderes públicos deben asegurar a los hijos, tal y como dice el artículo 39 de la Constitución, precisamente por ser

contraria al interés del menor, que es el principio rector de la adopción tanto en nuestras normas como en las suscritas internacionalmente por España.

Como dice la futura Constitución Europea, el niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses, lo que implica una vez más la constancia de que el ámbito natural en el que se desenvuelve el menor es el de una unión heterosexual.

La adopción está pensada en beneficio del adoptado y ni el adoptado ni la adopción, como instituto, pueden ser instrumento de legitimación u homologación de relaciones homosexuales. Como dice el presidente de la Junta de Extremadura, el señor Rodríguez Ibarra: «Ante la duda, hay que ponerse de parte del más débil. Nosotros buscamos parejas para los niños, no niños para las parejas.» Es muy ilustrativo en este punto, señorías, la suspensión que ha llevado a cabo el Tribunal Constitucional de un artículo de la ley del País Vasco que regula las parejas de hecho y permite, entre otras cosas, que los miembros de parejas homosexuales adopten de forma conjunta. En dicho auto se lee: Dado que la adopción produce, por regla general, la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptando y su anterior familia y que es irrevocable, salvo acuerdo en contrario del juez, es obvio que quienes fueron adoptados experimentarían perjuicios de muy difícil y acaso imposible reparación si el precepto recurrido fuera en su día considerado inconstitucional y nulo. Perjuicios extensibles también a la familia por naturaleza y a los adoptantes, con vulneración de las exigencias del principio de seguridad jurídica. Señorías, este auto es del año 2003.

Pero, además, lo recomendable y prudente sería que esta cuestión y su regulación estuviera respaldada por un amplio consenso social y político, requisitos que en la actualidad no se dan según muestra la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de junio del año pasado.

España ratificó el Convenio de La Haya en 1995. De acuerdo con el mismo, para que la adopción sea reconocida de pleno derecho ha de ser certificada como conforme por la autoridad competente del Estado donde haya tenido lugar. El sistema de garantías de este convenio, señorías, está presidido por la necesidad de observar en todo proceso de adopción el interés superior del niño y los derechos fundamentales que al menor le reconoce el Derecho Internacional.

En fin, privar a un niño de la presencia de sus padres o de un padre o de una madre, en el mejor de los casos, unido al hecho de que en nuestro país hay un mayor número de parejas con deseos de adoptar que hijos adoptables, implica que no hay una necesidad social de buscar nuevas formas de adopción.

Por último, señorías, el Grupo Parlamentario Popular veta este proyecto de ley porque, conocedor su autor, el Gobierno, de que es un cambio radical y nada pacífico para la sociedad, lejos de ir hacia una legislación prudente y gradual, rechaza frontalmente admitir la libertad de conciencia o, si lo prefieren, la objeción de conciencia para quienes están autorizados por la ley a celebrar matrimonios. Qué razón tenía, señorías, Carl Schmitt cuando en la Teoría de la Constitución decía que en el origen mismo de las libertades se halla el reconocimiento de la libertad de pensamiento como derecho esencial de la persona. Y este pensamiento está reflejado en el artículo 16 de nuestra Constitución, que no por casualidad es el segundo derecho fundamental en el catálogo constitucional, tras el derecho a la vida y a la integridad física.

Señor presidente, ¿por qué no podemos parecernos a Dinamarca, que en su ley de parejas de hecho ha introducido cláusulas que defienden la libertad de conciencia de las personas facultadas por la ley para intervenir en estos casos? Creo que la aparición de conflictos jurídicos, por razón de creencias ideológicas o religiosas, no puede extrañar de ninguna de las maneras en una sociedad como la nuestra, que proclama, de un lado, la libertad de creencias y de culto de los individuos y, de otro, la neutralidad del Estado.

¿Por qué hay que impedir a los ciudadanos que se comporten de acuerdo con sus creencias más profundas? No me parece de recibo intentar disuadir a los objetores con amenazas sobre lo que puede ocurrir si no se cumplen las leyes, ni afirmar, como se ha llegado a hacer, que la objeción de conciencia en esta ley es una barbaridad o una aberración jurídica. (El señor Castaño del Olmo: ¡Es una barbaridad!) No. No es una barbaridad y déjeme que se lo explique.

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.

La señora VINDEL LÓPEZ: ¿Desde cuándo un resquicio de libertad, en el ordenamiento jurídico, es una barbaridad? Y, por cierto, ¿por qué el PSOE tiene tanto miedo a la palabra libertad? Me gustaría saberlo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.

–El señor Curiel Alonso hace gestos a la oradora.

–Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Quizá tienen miedo, por prevención, a que esta ley no tenga virtualidad práctica… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.

La señora VINDEL LÓPEZ: ¿Le tienen miedo, por prevención, a que esta ley no tenga virtualidad práctica si se introduce la libertad de conciencia? ¿Se trata quizá del deseo a ultranza de hacer valer no su autoridad sino su fuerza? ¿Qué es, señorías? Señor presidente, señorías, la integración en las sociedades abiertas y avanzadas no pasa por la imposición sino por el desarrollo que proporciona igualdad de oportunidades a sus ciudadanos, sin fracturarles y sin dividirles.

En este momento, señor presidente, le pido al Gobierno y al grupo que lo soporta que abandonen la fatal arrogancia de los gobernantes que imponen su propia visión del mundo e, incluso, de la propia vida de cada persona.

(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.

— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Les pido que abandonen este proyecto y que permitan

que, entre todos, busquemos una respuesta jurídica sensata y centrada que ofrecer a la sociedad.

Nada más, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.

–La señora Fernández-Delgado y Cerdá: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, nosotros no soportamos un Gobierno sino que estamos encantados con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. ¡Ustedes sí que lo soportan! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) En segundo lugar, me parece que no tiene mucha autoridad moral a la hora de hablar de libertad quien ha traído aquí a Aquilino Polaino. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.

–Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Bien!–Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y tampoco me sentiría muy seguro después de haber traído a una asesora que habla de ese determinismo biológico y gonadal, en virtud del cual buscan el gen gay en las autopsias realizadas a personas homosexuales. (Fuertes risas.) No creo que sea motivo de gozo su planteamiento de que se puede hacer de otra forma cuando votaron en 32 ocasiones en contra de regular las uniones estables de parejas homosexuales. ¡32 veces! (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!–Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No hablaría mucho del informe emitido por el vocal que ustedes propusieron, y que forma parte del Consejo General del Poder Judicial, teniendo en cuenta que comparaba la homosexualidad con la zoofilia. (El señor Vázquez Portomeñe: ¿Y eso qué?) Creo que no es muy razonable aludir a ese informe.

La pregunta de fondo es, ¿por qué asocian tanto la institución matrimonial a la reproducción? (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular hacen gestos negativos.) También se casan personas que están fuera de la edad reproductiva, y son matrimonios, ¿o no lo son? (Rumores.) De igual manera que se cita al señor Rodríguez Ibarra, si quieren, citamos a doña Celia Villalobos y a doña Marta Pía; o, mejor aún, al alcalde de Vitoria, que ya saben ustedes cómo calificaba a quien calificaba. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio.

El señor DÍAZ TEJERA: Hace algunas semanas, estuvimos evaluando algo que se llamaba derecho penal preventivo, que era hacer un derecho penal con nombre propio: «ad hominem». Ahora, los que inventaron la guerra preventiva y siguen buscando todavía las armas de destrucción masiva están inventando la psicología preventiva y la psiquiatría preventiva.

(Rumores.

–Risas.) En el fondo, la psicología preventiva y la psiquiatría preventiva –esa que está buscando el gen gay– lo que vienen a poner de manifiesto es que le tienen un pánico infinito a la libertad de poder elegir. (Rumores.

–Risas.–Aplausos.) Miedo a que hombres y mujeres, que libérrimamente tienen una orientación sexual, puedan escoger. No es que tengan predilección por ritos o ceremonias; se trata de que si escogen casarse, puedan casarse.

¿A qué se debe tal batalla por la palabra? Si se dice que ahora se busca

–no durante los últimos ocho años, porque la lengüita se la había comido el gatito durante los últimos ocho años– la equiparación en materia de derecho sucesorio, de derecho tributario, en seguros, en el momento de contratar una hipoteca o en el momento de acceder a servicios públicos, si se dice todo esto, ¿por qué cuando se dice: podemos equipararlos en todo, ¿existe ese temor al uso de la palabra? ¿Es sólo un debate nominal? ¿Es un debate en torno al «nomen», a llamarlo o no matrimonio? No entiendo qué sentido tiene.

Contrastemos con la realidad esa especie de psicología o pedagogía preventiva respeto a la adopción, y no con las creencias o preferencias.

¿Qué dicen todos los estudios de la asociación norteamericana de psicología? Son 135.000 profesionales. O la asociación de psiquiatría, con 35.000 profesionales. ¿Qué dicen? Dicen claramente que es un rasgo no relevante para la prueba de idoneidad. Es más, en España hay personas de más de 30 años que han sido educadas en familias homoparentales, y dicen todos los estudios, particularmente los de metaanálisis –una especie de pull de todas las muestras, que evalúa con un grado de confianza del 99 por ciento– que ningún dato empírico –dejando de lado creencias y preferencias– cuestiona la idoneidad de un ser humano –de uno– que haya educado en la práctica a ese niño o niña. Luego, si uno ya lo ha hecho, ¿por qué tienen tanto pánico a que sean dos? ¿No será mejor para compartir responsabilidades? Yo creo que sí porque en términos reales lo que supone el orden, la contención, el límite, la calidad y la calidez emocional en la crianza del niño o de la niña, no entraría motivo alguno para generar tanta furia y tanto pánico.

¿Por qué razón? Porque esto no perjudica a nadie. Que nadie se sienta molestado. ¿O es que acaso creen que se les va a obligar a casarse con personas del mismo sexo? (Rumores.) Si no se les va a obligar a casarse con personas del mismo sexo, no hay motivo alguno para la preocupación.

Que cada uno opte por el modelo de pareja o por la fórmula de unión que estime oportuna. ¿Por qué razón tanto pánico a que miles de personas en España, que hasta ahora no han podido formalizar su relación de pareja dándole trascendencia jurídica, puedan hacerlo y tengan toda la tutela, todos los derechos y todas las obligaciones de la relación matrimonial? Respecto a la prueba de idoneidad, que es una competencia transferida a las comunidades autónomas, nunca se ha preguntado a la persona respecto de su orientación sexual. En la práctica, no ha habido en toda España ni un solo caso en el que se haya impugnado una adopción unipersonal a alguien cuya fórmula de pareja homosexual sea masculina o lesbiana. ¿O quizás conocen ustedes algún caso? Si no conocen ningún caso, lo propio sería que no cuestionásemos «ad futurum» algo que en la realidad actual no existe de ningún modo.

En España hay 100.000 menores en situación de riesgo –lo dijeron el lunes en la comisión–, y 40.000 menores en sistemas de protección. Todos insisten en la necesidad de fórmulas de apego y fórmulas de referentes adultos y que en ese núcleo de convivencia tiene que darse la doble función: la función nutricia, de cuidado, y la función de límite, de contención, de orden. En cualquiera de los casos, esas tareas las pueden llevar a cabo los adultos que estén debidamente cualificados en términos de idoneidad, en términos de madurez.

¿Por qué razón se argumenta ahora lo de la objeción y se inventa una nueva interpretación? Existe el derecho a la objeción, no es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. Puedo esgrimir un conjunto de sentencias respecto de este derecho, no respecto de esta ley, porque, si todavía no está en vigor, ¿cómo se puede intuir –ni que se fuera zahorí, en términos canarios o Rappel, en términos de mago– lo que va a decir el Tribunal Constitucional? De forma precisa, puedo citar las sentencias del Tribunal Constitucional 2990/1996, 1883/1992, 53/1985, 15/1982, 160/1987 y 119/1990. No existe como derecho fundamental, es un derecho constitucional circunscrito al ámbito del servicio militar, que ya no es obligatorio en España.

En particular, el artículo 103.1 de la Constitución dice que «La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho». Pues bien, ¿les parece a ustedes ajustado a Derecho que un juez –que haberlos, hailos en España– que pueda ser agnóstico o ateo cuestione no registrar un matrimonio musulmán, judío, católico o evangelista?, ¿verdad que no? Porque está obligado por el ordenamiento jurídico, por el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial a registrarlo.

Pues bien, si esto es así, ¿cómo se cuestiona la función del testigo cualificado, que es el alcalde, es el concejal, es el juez, que verifica dos elementos, primero, que no haya errores de prohibición y, segundo, que se da la forma, es decir, que dos adultos han decidido contraer matrimonio? Quien oficia la ceremonia se limita a recordar los artículos 14 y 32.1 de la Constitución, y tres artículos del Código Civil, los números 66, 67 y 68. Explica deberes y explica obligaciones.

En absoluto dice la Constitución en su artículo 32 que el matrimonio es entre el hombre y la mujer. Dice el hombre y la mujer, pero no el hombre y la mujer entre sí. Esa interpretación no es correcta. Me impresiona que compareciera un único jurista, catedrático de Derecho Constitucional en la Comisión de Justicia el pasado lunes, cuya presencia casualmente solicitó el Grupo Parlamentario Socialista. Cuando se preguntó a este catedrático de Derecho Constitucional por el artículo 32.1, silencio absoluto, y, cuando explicaba el juego del artículo 14 y que con el artículo 10 era suficiente con una interpretación gramatical y sistemática, silencio absoluto. ¿Cuál puede ser la razón? En términos reales es así.

El propio profesor Pérez Royo citaba una vieja expresión en el sentido de que la ley es siempre mucho más inteligente que el propio legislador, y su adecuación a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado permite la comprensión de tal manera que no se plantee otro tipo de debate ajeno a la voluntad para eliminar obstáculos.

Se trata de remover obstáculos que impiden o dificultan que el individuo y los grupos en que se integran vivan de manera real y efectiva la libertad y la igualdad. Así lo establece el artículo 9.2 de la Constitución y en términos reales eso es lo que tratamos de que prevalezca.

La pregunta de fondo sigue siendo la misma, ¿a quién perjudica esto? ¿Es un puro debate del nombre? No creo que sea así. Si es una cuestión de contenidos materiales, ¿a quién le perjudica en términos tributarios, en términos sucesorios, en términos de seguridad social? Creemos que a nadie. No se va contra nadie. No es una propuesta visceral.

De lo que se trata es de recoger la diversidad, la pluralidad, las diversas variables que están en la condición humana y que en términos reales tenemos la oportunidad ahora de hacer. Apelo a lo que decía al comienzo de mi primera exposición, ¿por qué razón no se hace el esfuerzo de elevar al ámbito del Derecho lo que existe en la realidad social de tantas y tantas familias en el conjunto de España? No lo entiendo. No parece que se cuestione absolutamente nada. Es una propuesta positiva. No se desploma el cielo, como dijo uno de los comparecientes. Se trata de ser comprensivo con la realidad.

Acabo con una cita que un compañero me insistía mucho en que la dijera, es de Rosalía de Castro –de la que tanto hay que aprender-: Cristo, Jesús de Nazaret sólo habló de sexo en dos ocasiones y siempre fue para comprender.

Por tanto, se trata de que aquí comprendamos la diversidad humana que existe en el conjunto de los españoles y las españolas. Hay un montón de niños y niñas que vivirían mucho mejor, como han dicho los expertos, siendo educados por una persona o por dos personas. La prueba de idoneidad certifica que ese adulto, que esas personas prestan unos criterios educativos y de inserción social infinitamente mejor que el mejores de los hospicios y la mejor de las calles. Por tanto, un ser humano o dos seres humanos siempre será mejor que un hospicio o que una calle sea del tipo que fuere.

Les invito a escribir una página de justicia y de reparación histórica para el colectivo de hombres y mujeres que tienen una orientación homosexual. Ningún ser humano es mejor que otro. Ningún ser humano es peor que otro. (Rumores.) Insisto en que nadie es más que nadie y en virtud de tal cosa invito a hacer posible que empecemos a cumplir con el colectivo de gays y lesbianas, bisexuales y transexuales lo establecido en el artículo 14 de la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.

El señor DÍAZ TEJERA: El conjunto de la sociedad española yo creo que está más avanzada que algunos de los gritos y pateos que he escuchado, ¡cómo no!, en el banco de la derecha.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. La senadora Vindel López pide la palabra.

–Rumores.)

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