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Acta de la discusión en el Pleno del Senado del Proyecto de Ley de modificación CC en materia de derecho a contraer matrimonio

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Senadora Vindel, entiendo que me solicita la palabra en virtud del artículo 87. Tiene su señoría la palabra.

La señora VINDEL LÓPEZ: Sí, señor presidente, por el artículo 87 en relación con el 37.2.

Por el orden de intervención del senador Díaz le diré, primero, que cuando yo utilizo el verbo soportar a la hora de apoyar a un Gobierno lo hago en sentido sajón, «support», que es dar apoyo. (Risas.

–Rumores.) Por lo tanto, lamento que su señoría no haya recordado que además del apoyo en castellano, hay otros tipos de apoyo para el verbo soportar.

Segundo. Señor presidente, yo he corrido la misma suerte que mi colega el senador Casas y a mí se me ha intentado contestar a algo de lo cual yo no he hablado. Es el problema de prepararse los turnos en contra frente a un espejo y en soledad, sin escuchar a nadie. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No sé en qué estaba pensando el senador Díaz Tejera a lo largo de mi intervención si yo no he hablado de reproducción, señoría; en ningún momento he hablado de reproducción.

Y ya que ha hecho usted tan magnífica glosa del paso de expertos por esta Casa el otro día, en la Comisión de Justicia (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), me importa mucho señalar que su señoría se ha olvidado de que el experto propuesto por sus señorías –muy respetable– en Derecho constitucional dijo –y lo voy a citar textualmente porque lo recuerdo perfectamente– que el artículo 32 de la Constitución incluye única y exclusivamente al hombre y la mujer a la hora de poder contraer matrimonio. (La señora Granado Paniagua: ¡Siga, siga, dijo más!– Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y, por último, libertad de conciencia. Es una barbaridad jurídica porque hay que cumplir la ley. Muy bien, pues sigamos su razonamiento, señoría.

¿Es qué, según usted, un funcionario estaría obligado a aplicar una ley que regulara la tortura, que reconociera la esclavitud o que estableciera la eliminación de una etnia? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.

— Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, la regla de la mayoría no es razón suficiente para justificar la obligación incondicionada de acatar una norma legal.

Muchas gracias. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.

–Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.–El señor Díaz Tejera pide la palabra.)

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el senador Díaz Tejera, supongo que por el mismo artículo (Rumores.) Ruego que guarden silencio, por favor.

El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, por el mismo artículo por el que ha hablado la senadora.

En primer lugar, senadora, como usted se ha fijado, yo no leo, expongo lo que pienso. Usted sí lee, no sé si lo que piensa usted o lo que piensa el grupo. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡No, no!) En segundo lugar, yo no he citado a un señor, Carl Schmitt, que dividía al mundo entre amigos y enemigos. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Muy bien, muy bien!) A mí me parece que lo que hay que hacer es integrar y nuestra responsabilidad es legislar para el conjunto de los pueblos de España. (La señora Vindel López:

¡Demuéstralo!) Yo le podría citar a usted expresiones exactas de lo que dijo este señor.

Concretamente dijo que, interpretando desde el punto de vista gramatical y sistemático el artículo 32.1 en comparación con los artículos 14 y 10.1, llega a la conclusión –y fue la intervención más breve de todo el día– que la Constitución contempla, es más, exige el cumplimiento estricto de que no haya discriminación por razón de orientación sexual, como hay actualmente en España. (La señora Vindel López: ¡Pero no el artículo 32!) Y acabo con lo siguiente. Las asociaciones que usted ha hecho entre esta materia y la tortura me hacen llegar a pensar que no han estado ustedes muy equivocados cuando han llamado a alguien que sí les representa, que es don Aquilino Polaino. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Turno de portavoces.

Señorías, el Grupo Parlamentario Mixto me ha solicitado el que puedan intervenir el senador Mur y la senadora López Aulestia repartiéndose el tiempo. Entiendo que, dada la pluralidad y la diversidad de su grupo, puede accederse a ello si los portavoces no tienen ningún inconveniente.

(Pausa.) Gracias.

Tiene la palabra la senadora López Aulestia (Rumores.)

La señora LÓPEZ AULESTIA: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio, por favor.

La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.

Gracias, señorías, por permitirnos compartir este espacio de tiempo al senador Mur y a mí misma. (Rumores.) En mi infinita ingenuidad, yo esperaba que hoy pudiéramos venir a esta Cámara para poner fin a una situación histórica de discriminación y que tomáramos esta decisión por unanimidad de todos los senadores y todas las senadoras. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Un momento, senadora López Aulestia, por favor. Me dicen los senadores que no están oyendo absolutamente nada. Dada la importancia que tiene el debate, ruego que guarden silencio.

Tiene la palabra, senadora.

La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.

Decía que, en mi infinita ingenuidad, pensaba que en tal día como hoy podíamos reunirnos en esta Cámara para poner fin a una discriminación histórica y que esa decisión la tomaríamos por unanimidad. No sólo no es así, sino que incluso antes de empezar a debatir el contenido de la ley nos enfrentamos nada menos que con dos vetos a la misma. Supongo que yo tendría la obligación de intentar convencerles para que no voten esos vetos y para que lo hagan a favor de esta ley, pero, aunque ya he dicho que mi ingenuidad es infinita, sé que no puedo convencerles; es más, sé que aunque una luz especial iluminara mi oratoria, ustedes han tomado ya su decisión sobre el voto y, por tanto, nada puedo cambiar. No obstante, debo actuar como si efectivamente pudiera convencerles, y eso es lo que voy a intentar hacer.

Hace un momento se ha aprobado una reforma de la Ley del Divorcio, y en ese momento yo señalaba un hecho que me parece relevante. Hace 24 años que se aprobó la ley y en aquel momento contó con el rechazo de los que entonces representaban al partido conservador, del que ahora son herederos los señores y señoras senadores y senadoras del Partido Popular. Entonces rechazaron la posibilidad del divorcio en nombre de la indisolubilidad del matrimonio y, por lo tanto, iba contra la naturaleza aprobar una ley de divorcio. Ahora, no han pasado más que 24 años y esta argumentación suena vieja, incluso, grotesca. Es más, estoy convencida de que a muchos senadores y senadoras que están felizmente divorciados les parece insólito pensar que su matrimonio no pudiera disolverse. Pues bien, yo creo que con este asunto va a pasar lo mismo. Además, no van a ser necesarios 24 años, sino muchísimos menos. Desde mi punto de vista, éste es un tema tan normal que dentro de muy poco tiempo a nadie se le va a ocurrir cuestionarlo. Es más –fíjense lo que les digo–, estoy segura que dentro de muy poco tiempo habrá muchos senadores y senadoras de los que hoy van a votar que no a esta ley que, probablemente, estarán «casa-dos» y «casa-das», felizmente «casa-dos» y «casa-das» (Aplausos.) y les parecerá normal. Entonces les resultará insólito leer este acta y dirán: Nos opusimos a aquello, qué cosa más curiosa. Lo mismo que ha ocurrido con el divorcio y lo mismo con otras cosas.

Yo voy a intentar contestar brevemente a las objeciones que se han hecho, ya que debo compartir mi tiempo con el senador Mur.

Me sorprende que se defina el matrimonio unido al concepto de familia, así como el esencialismo que se le atribuye diciendo: el matrimonio es…, la familia es… Además, se recurre a autoridades como Lionel Jospin, el Consejo de Estado o el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura para justificar ciertas posiciones. Son todas muy respetables, pero me parece infantil. Me parece inmaduro recurrir a eso hoy en día, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad civil y madura, así como aplicar ese esencialismo al matrimonio, porque lo haya dicho tal o lo ha dicho cual persona. ¿Por qué? Porque entiendo que una religión o una iglesia defienda que el matrimonio sea la unión de un hombre y una mujer –incluso, como dice la Iglesia Católica, que sea indisoluble y un sacramento para toda la vida–, igual que hay religiones que dicen que el matrimonio es la unión de un hombre y varias mujeres, cosa que me parece muy bien, pero en una sociedad civil, una institución laica como el matrimonio es lo que los ciudadanos y ciudadanas democráticamente decidimos que sea. Eso es lo único que puede ser.

Podemos decidir hoy que el matrimonio es esto y dentro de unos años decidir que el matrimonio es otra cosa. Recurrir a definiciones esencialistas es algo que está fuera de esta Cámara o, por lo menos, debería estar fuera de esta Cámara y fuera de la política.

Cuando hace dos años abandoné el instituto donde daba clases de filosofía, les confieso que nunca me pude imaginar que tendría que venir a este Senado a explicar lo que viene en los libros de texto de primero de Bachillerato. Porque les aseguro que esto que he dicho aquí viene

–leánlo ustedes– en los libros de Filosofía de 1º de Bachillerato.

(Varios señores senadores: De la LOGSE.) Sí, de la LOGSE y de la anterior, que yo llevo muchos años dando clases de filosofía, incluso antes de la LOGSE. (Aplausos.) Contra la familia, contra el matrimonio. Yo no entiendo qué es lo que está detrás de todas esas manifestaciones que dicen que esta ley va contra la familia. Lo único que hace esta ley es ampliar el concepto de familia, pero no va en contra de la familia. No entiendo qué es lo que dicen defender, porque se defiende cuando se ataca algo, pero ¿quién está atacando nada? ¿Quién está atacando a un determinado concepto de familia? Los expertos nos dijeron el otro día –casi todos ellos– que no hay una familia, que hay muchas, que hay distintos modelos de familias. Esta ley lo único que hace es ampliar ese modelo. Yo no sé por qué hay sectores que se oponen a que una parte de la sociedad, una parte de ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de los mismos derechos que tienen ellos. Les recuerdo que también decían eso los que se oponían al divorcio. Y ya hemos visto que no ha pasado nada.

Por lo tanto, no sigan diciendo que esta ley ataca a la familia; no sigan sacando a la calle a personas, a niños –a 40 grados, en el Madrid tórrido de las seis de la tarde– bajo el pretexto de que están defendiendo a la familia. Tienen un concepto completamente equivocado y quizá manipulado de lo que es esta ley.

El señor PRESIDENTE: Señoría, le recuerdo que tiene que compartir el tiempo con el senador Mur.

La señora LÓPEZ AULESTIA: Gracias, señor presidente.

Tampoco estoy de acuerdo con la objeción de conciencia. Considero que supone introducir la sospecha de que hay algo inmoral y que por lo tanto, uno puede tener derecho a oponerse a eso. Entiendo que se contradice con esas afirmaciones de que no tienen nada en contra de la homosexualidad.

Yo quiero terminar haciendo un reconocimiento a los movimientos sociales, a todos los que han conseguido que hablar hoy en día de una forma despectiva de la homosexualidad sea políticamente incorrecto; que cuando se oigan declaraciones tan estrafalarias –como las que hemos oído esta semana en la Comisión de Justicia– todo el mundo proteste, e incluso quienes propiciaron esa comparecencia se desmarquen y digan que no están de acuerdo. Eso es así gracias al trabajo de todos los movimientos sociales, de todos los que les han apoyado, de su valor, de su constancia, de su tenacidad y de su convencimiento de que luchaban por unos derechos que eran justos.

Voy a terminar diciendo una cosa extremadamente dura. Me dirijo a todos aquellos partidos que llevaban en su programa esta ley. Si esta ley no se aprueba aquí no digan que ha sido por culpa de aquellos que siempre han dicho que no estaban de acuerdo y que han anunciado que iban a votar en contra. Si esta ley no se aprueba es porque esos partidos que lo llevaban en su programa no han sido capaces de exigir a sus miembros que fueran fieles, que respondieran a lo que en su momento prometieron a sus electores. Ésa es la auténtica razón por la que quizá esta ley no se apruebe hoy aquí. Y yo, en nombre de esos electores que votaron a esas personas que ahora han manifestado que van a votar en contra de esa ley, en su nombre les voy a exigir lo que su partido no tiene el valor de exigirles: que devuelvan el escaño, porque ése sí que es un problema de dignidad. Ahí está realmente el el problema de conciencia, que en un político está en responder a los compromisos con sus electores, no en votar en contra de una ley que iba en su programa electoral. Yo se lo exijo; exíjanselo ustedes también.

Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Gracias, señorías.

Tiene la palabra el senador Mur.

El señor MUR BERNAD: Muchas gracias, señor presidente, señorías.

Gracias a mi compañera de grupo parlamentario, la senadora López Aulestia, no solamente por haber compartido conmigo el tiempo, sino porque me ha dejado el ambiente un poco más calmado de lo que estaba hace unos minutos, lo que siempre es bueno y, además, me permitirá partir de una cuestión previa que quiero les quede clara a sus señorías.

Los homosexuales no deben, no pueden ser discriminados en sus derechos civiles –primera declaración–, en sus derechos ciudadanos. Las Cortes Generales pueden y deben regular los comportamientos civiles. Las convicciones morales son individuales y cada persona las ejerce según su conciencia. Dicho todo esto, quiero decir que hay más de una fórmula para regular con toda garantía los derechos civiles de los homosexuales, quizá incluso con más garantías que las que se derivarán del proyecto de ley que hoy nos ocupa. Y quiero recordar a sus señorías que en Aragón también fuimos pioneros a la hora de regular en las Cortes de Aragón las uniones estables de parejas del mismo o distinto sexo creando un registro en la sede del Gobierno de Aragón y dotando a las parejas de amplios derechos, aprovechando en todo ello las posibilidades de nuestro Derecho Civil propio.

Como ven, señorías, hasta aquí el debate no es nuevo y, desde luego, en aquel momento transcurrió con menos enfrentamiento y con menos tensiones que con el proyecto de ley que esta tarde nos ocupa. Será quizá

–pregunto yo– si es que en estos momentos subyacen otras cuestiones que poco o nada tienen que ver con algunos derechos que poco o nada tienen que ver con los derechos de los homosexuales, o será porque en este complejo momento político no conviene un debate sosegado, serio y ajustado a la cuestión. Pero, señorías, debo decir que a nosotros no nos gustan el ruido ni el barullo, como tampoco nos gustan los arrepentimientos tardíos. Con mayorías absolutas esto se regula bastante mejor que teniendo que hacer muchos pactos.

Yo confiaba en que la tramitación en el Senado sería precisamente la oportunidad para sosegar el debate, buscar aproximaciones y limar asperezas para dejar de utilizar, en definitiva, a un grupo que nos merece todos nuestros respetos como arma arrojadiza de unos contra otros y viceversa. Las características del Senado, Cámara de segunda lectura subordinada al Congreso de los Diputados en el trámite legislativo me hacían concebir esperanzas de que encontraríamos algunos acuerdos en aspectos quizá no básicos que sí hubieran bajado la tensión ambiental.

Aspectos como el «nomen iuris» o la denominación de la unión conyugal homosexual podían haberse modificado sin ningún perjuicio para los derechos civiles de los homosexuales, respetando, eso sí, otras sensibilidades. O la introducción de la objeción de conciencia, un derecho constitucional que en todo caso, señorías, se podrá ejercer.

No voy a repetir yo los argumentos históricos, jurídicos y comparativos con otros países que con tantísima claridad ha expresado esta tarde aquí el senador Casas y que yo hago míos. Señorías, aquí esta tarde podemos creer que somos pioneros, e incluso podemos quizá dejar asombrados a países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Reino Unido y, sin embargo, al no reservar el nombre de matrimonio para el varón y la mujer, olvidamos causas históricas, culturales y hacemos un flaco servicio, en mi opinión, a la necesaria claridad jurídica. El Consejo de Estado así lo apuntó en su informe de diciembre de 2004, del mismo modo también hay serias dudas sobre la constitucionalidad de lo que ahora estamos tramitando.

Señorías, parece que se quiere partir de cero, olvidar de dónde venimos y no esforzarnos por buscar consensos en materia tan delicada y sensible, pero eso es una pena porque en materia de convivencia entre hombres y mujeres, desde los griegos y los romanos, todo o casi todo está experimentado, y en esta materia, señorías, les recuerdo que hay caminos de ida y vuelta. Solamente hay que repasar un poco la historia. Y debates como el de hoy sólo contribuyen, creo yo, a recrudecer las posturas de cada uno, a separarnos más todavía y, en definitiva, a que crezca la oposición. Las consecuencias, como todas, las veremos con el tiempo, quizá con mucho tiempo.

Pero, señorías, no nos hagamos ilusiones. No podemos hacer igual jurídicamente lo que naturalmente es diferente. En todo caso, señorías, y ya termino, el Congreso tendrá la última palabra parlamentaria y legislativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Ayala.

El señor AYALA FONTE: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré brevemente para manifestar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria respecto a este tema.

Quiero empezar diciendo que este proyecto de ley que se está debatiendo trata del matrimonio civil como un simple contrato firmado por dos personas, que reconoce derechos y obligaciones entre los contrayentes. No se trata por tanto de un sacramento, ni se hacen en este decreto valoraciones, ni contiene connotaciones de tipo religioso. La ley sólo trata de adaptarse a la realidad social en que vivimos hoy en día, y es una opción para los que quieran acogerse a ella libremente; no obliga a nadie, no daña a nadie ni a nada, y no va contra nadie. Por ello, creemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo no desvirtúa en absoluto ni produce minoración alguna al matrimonio civil entre personas de distinto sexo.

No rompe ni corrompe a la familia, coincido plenamente con los argumentos de la portavoz de Izquierda Unida; las parejas de homosexuales en la actualidad ya viven juntos y esto no escandaliza a nadie; se trata ahora simplemente de legalizar esa convivencia, y, ¿cómo puede esta legalización –un simple registro en el juzgado– destruir a las familias tradicionales? Muchos de los que se oponen a esta ley lo hacen, según dicen, por el uso de la palabra matrimonio para nombrar esta unión. Es verdad que etimológicamente significa lo que significa, pero aunque hoy, en aras del consenso, le pongamos otro nombre, lo cierto es que el ciudadano de a pie seguirá llamándole matrimonio, y al final, dentro de pocos años, a los académicos no les quedará más remedio que incluir esa nueva acepción en el diccionario. Porque lo importante de un mensaje no es cómo está redactado ni qué palabras se utilizan; lo importante es que se entienda lo que quiere decir. Por ejemplo, en esta ley que hoy estamos debatiendo no aparece en ningún sitio la palabra homosexual; sólo en el artículo 48 se dice: matrimonio entre personas del mismo sexo, que no necesariamente tienen por qué ser homosexuales; sin embargo, todos sabemos que nos estamos refiriendo a ellos. O cuando a una madre que se separa se le otorga la patria potestad de sus hijos, sabemos también que etimológicamente no es posible aplicar ese término a las mujeres, pero se acepta, nadie se escandaliza, y todos sabemos lo que se quiere decir con ello.

Hay otros que se oponen por motivos religiosos. Yo quiero ser tremendamente respetuoso con la Iglesia; no voy a comentar ni a rebatir ninguno de sus argumentos; sólo quiero decir que la institución del matrimonio, tal como se concibe hoy, no es propiedad de la Iglesia Católica, ya que es anterior a la fundación de ésta, ni es consecuencia de las Sagradas Escrituras, porque el matrimonio existe desde la antigüedad, en todas las partes del mundo, y estas escrituras sólo se conocían en una pequeña parte de Oriente.

En cuanto a la adopción –por qué negar lo que ya es una realidad–, ya existen niños en familias compuestas por parejas del mismo sexo, y también se concede la adopción actualmente a una sola persona soltera, homosexual o heterosexual, ¿por qué no concedérsela a una pareja, teniendo en cuenta además que existe una ley de protección del menor y que es imposible conceder una adopción sin un certificado de idoneidad? En definitiva, mi grupo parlamentario va a votar en contra de los dos vetos presentados porque esta ley sólo pretende conceder los mismos derechos y las mismas obligaciones a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual; y, sobre todo, porque también existe un derecho muy importante que tenemos todos, incluidos los homosexuales y que posiblemente no esté incluido en ningún Código pero del que no se debe privar a nadie: el derecho a ser felices. Por eso, señorías, vamos a votar en contra de los vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Badia.

El señor BADIA I CHANCHO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para fijar la posición de los senadores de Convergència Democràtica de Catalunya, en este Senado Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Y subo para fijar nuestra posición en el veto presentado por mi compañero el senador Casas y por el Grupo Parlamentario Popular.

Estamos discutiendo un tema polémico que no lo debería ser. Estamos hablando de igualdad de derechos y libertades de las personas. Y estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara en eso estamos de acuerdo. Nuestro grupo político, entiendiendo que en un tema como éste prima la conciencia personal, desde un posicionamiento plural, va a dar libertad a nuestros senadores en función de sus creencias y valores personales. Pero siempre con el firme convencimiento, como coalición y como grupo parlamentario, de que la igualdad de todas las personas es independiente de su opción sexual. Ésta es una cuestión fundamental en nuestra coalición y en nuestro grupo parlamentario. Planteamos, evidentemente, opciones diferentes dentro de nuestra coalición. Pero estas opciones diferentes nos merecen el máximo respeto a todos los efectos.

Permítanme que, sobre el tema que hoy debatimos, les explique la experiencia de nuestra coalición a lo largo de muchos años. El otro día, en la comparecencia de diferentes personas en la Comisión de Justicia, nuestro grupo parlamentario propuso una que ha trabajado y ha estudiado mucho el tema y que, de alguna manera, ha llevado ya a la práctica muchos de los planteamientos que hoy pretenderíamos que fuesen unánimes.

La jurista Nuria Gispert, honorable Nuria Gispert, exconsejera de Justicia del Gobierno de Cataluña, nos dio cuenta de todo lo que supuso el debate previo a la aprobación por el Parlamento de Cataluña en el año 1998 de la Ley de Parejas de Hecho, primera en España y primera en Europa. Nos explicó el trabajo previo, porque esa ley fue fruto de más de dos años de intercambio de diferentes opiniones, de diferentes sumas de intereses, de diferentes posicionamientos de la sociedad catalana que dieron como resultado una ley que fue aprobada por todos los grupos del Parlamento de Cataluña, con la excepción del Grupo Parlamentario Popular, y que se supuso un paso importante para eliminar las trabas a la discriminación histórica de las personas homosexuales.

Creemos que éste es el camino a imitar. Estamos convencidos de que éste, hoy, era el camino a imitar. El Parlamento de Cataluña, sin enfrentamientos y con un debate sosegado, solucionó un tema que daba respuesta al requerimiento de la sociedad catalana, pero es más, a lo largo de los últimos 25 años, Convergència i Unió ha avanzado en todo tipo de iniciativas parlamentarias para conseguir esa igualdad: enmiendas en el Código Penal o en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos son una referencia de todo ello y nuestra garantía de seguir en esta línea, de seguir con esta dinámica.

Permítame, por otra parte –entrando en el debate concreto de lo que hoy estamos discutiendo–, hacer referencia a una propuesta formulada por nuestro grupo en el debate en comisión del proyecto de ley. Se trataba de añadir una disposición adicional para discutir el tema en positivo, porque no estamos de acuerdo en hacer leyes contra nadie y sí de hacer leyes con el máximo consenso. En la Comisión de Justicia propusimos, mediante una enmienda, la garantía de celebración del matrimonio en el consistorio seleccionado por los contrayentes, respetando así tres cuestiones fundamentales: la conciencia, el derecho a contraer y lo previsto en la ley. Ya veremos que pasará cuando se apruebe la ley y algún ayuntamiento se niegue a celebrar el matrimonio, ya veremos el camino del contencioso administrativo, ya veremos la indiferencia o la imposibilidad de celebrarlo. Y me refiero a esta enmienda porque nos parecía una aportación en positivo que resolvía un problema que no debe darse pero que, tal como está la ley, se puede producir.

En definitiva, tengo la convicción absoluta de que la dignidad y la libertad de las personas ha de ser independiente de su orientación sexual. Hemos debatido una cuestión de concepto personal. Y estoy seguro de que deberíamos profundizar más en lo que nos une que en lo que nos separa. Hoy hemos hecho lo contrario, hemos debatido, hemos discutido, y hemos visto más lo que nos separa que lo que nos une. Espero y deseo que la división social que se ha puesto de manifiesto en esta Cámara y que, al parecer, también se produce en la sociedad, no sea referente de futuro. En cualquier caso, lo hoy escenificado aquí –esta sociedad dividida– no es mi opción para compartir en el futuro.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra la senadora Etxegoyen.

La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, a estas alturas del debate son ya de sobra conocidas las posturas de unos y otros en relación con el proyecto de ley que nos ocupa, y es que algunos llevamos ya muchísimas horas de reuniones formales en comisión y no menos de conversaciones entre amigos –que también lo somos y los hay en este Senado–, sin que tenga nada que ver en eso ni el color político, ni tampoco con quien nos acostemos, seamos heterosexuales u homosexuales.

Hemos podido hablar de lo divino y de lo humano y, a fe mía –que diría un castizo– que lo hemos hecho. A estas alturas todos ustedes conocen que mi grupo, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, va a votar en contra de los vetos presentados al presente proyecto de ley, el primero defendido por nuestro compañero el senador Jordi Casas y el segundo por la senadora Vindel, en representación del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pero ello no obsta para que también hoy –especialmente hoy que estamos ante el plenario de la Cámara– deba argumentar el porqué de dicha negativa, lo que intentaré hacer, señorías, sin aburrir en exceso ni a ustedes ni al público que hoy nos acompaña.

En primer lugar, permítanme una breve reflexión previa sobre la institución del matrimonio. Yo entiendo que el matrimonio es claramente una institución de Derecho Civil, por lo que de entrada debemos dejar definitivamente de lado vincular necesariamente matrimonio con Derecho Público. De manera que atendiendo al Derecho Privado, al ámbito natural

–si me lo permiten– del matrimonio, lo que quiero es acotar su definición conforme a las características generalmente aceptadas por todos, hoy en día, en la sociedad de la que todos formamos parte.

En primer lugar, estamos ante una unión legal protegida por el Derecho.

Estamos ante una unión que se concierta de por vida. Y pese a que puede no durar tanto ni llegar a eso, conceptualmente el compromiso matrimonial desde luego tiene vocación de perdurar en el tiempo. Estamos ante una unión solemne, dado que requiere una forma muy concreta regulada en nuestro Código Civil y demás normas complementarias. Es una unión que tiende a generar una comunidad de existencia entre los cónyuges, lo que todos entendemos por ese proyecto de vida en común. Una unión solemne para instituir un proyecto de vida en común que, históricamente, ha conllevado la procreación como premisa; históricamente, que no hoy, al menos no necesariamente. Y por último, a día de hoy, es una unión de hombre y mujer. Y éste es, precisamente, el extremo de entre todos los mencionados que es objeto de debate, como consecuencia de la puesta sobre la mesa de esta modificación que ahora nos ocupa.

Por eso la cuestión a dirimir lisa y llanamente, según lo entiendo yo, es la siguiente: ¿Existe conceptualmente algún inconveniente para que el matrimonio así entendido sea contraído por personas del mismo sexo? Antes de abordar la respuesta a dicha pregunta, que es el meollo de la cuestión, creo necesario subrayar dos cosas que, no por evidentes, muchas veces producen confusión, lamentablemente, incluso de una forma interesada y deliberada.

De un lado voy a excluir expresamente la reflexión del matrimonio canónico porque no tiene nada que ver con el objeto del debate y, por otro, la dignidad de hombres y mujeres heterosexuales no es distinta, ni mejor, ni más o menos legitimada o necesitada de protección que la dignidad de los hombres y mujeres homosexuales, o viceversa.

En este contexto abordo el grueso de mi intervención ordenando la misma en cuatro bloques, cada uno de ellos consecuencia de la reflexión del análisis desarrollado en el anterior.

En primer lugar, parece evidente que es el Código Civil, de la mano del legislador ordinario, en este caso nosotros, el que determina cuál es el matrimonio que la sociedad demanda o requiere, si bien, como se ha dicho aquí –y es cierto–, es la Constitución la que determina el encuadre de dicha encomienda.

La clave, pues, en este punto, es el artículo 32 de la Constitución, cuando nos dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, y en su párrafo segundo añade: La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo y los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y divorcio y sus efectos.

Así pues, la Constitución de 1978 reconoce, de un lado, al hombre y a la mujer el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; igualdad que inspira no sólo su celebración, sino todo el sistema matrimonial y la configuración de la familia; y de otro, lo que hace es reconocer el derecho a la libertad personal, separándolo de lo que podemos expresar como la institucionalización de la familia. El matrimonio y la familia, así, son dos instituciones que el constituyente español ha querido garantizar. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en otras Constituciones –si no me equivoco la italiana, por ejemplo–, la Constitución de 1978 no ha identificado familia y matrimonio, y es que no parte del clásico principio de que la familia matrimonial es un elemento natural de la sociedad, que es lo que ha afirmado la señora Vindel. No estoy de acuerdo con ella, no lo hace, querámoslo o no.

La regulación del matrimonio en el artículo 32 y de la familia en el artículo 39 están diferenciados y ubicados en normas y secciones diferentes del texto legal, y la Constitución hace suya una concepción mucho más moderna, que no desnaturalizada, de matrimonio y familia, intentando prever o, haciéndolo de hecho, situaciones posibles, así como su propia evolución en el tiempo. Y por muy relevante que sea nuestra cultura, el concepto de familia de origen matrimonial no se concibe en modo alguno con el sentido de las normas constitucionales, y ya desde la propia sentencia del Tribunal Constitucional 222/1992, la jurisprudencia ha establecido que la Constitución no identifica el modelo de familia exclusivamente con el modelo de familia matrimonial, por lo que procede defender –yo lo entiendo así– en un Estado de Derecho que es tarea del legislador identificar y remitirse al concepto socialmente aceptado, al concepto de familia vigente en cada momento histórico, para acordar y proceder normativamente sobre dicha institución, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora y cumplir así con el mandato del artículo 39 de la Constitución –que es tan Constitución como cualquiera– que dice:

Hay que remover los obstáculos que impidan o dificulten la libertad y la igualdad del individuo desde el respeto a la dignidad de todas las personas y el libre desarrollo de su personalidad.

El profundo cambio que ha experimentado la sociedad, la cada vez mayor aceptación social de la homosexualidad y de los nuevos modelos de familia, la normalidad, por fin, con la que venimos aceptando estas novedades, no pueden sino llevarnos al reconocimiento social –que ya lo es– pero también, y obligadamente, al reconocimiento jurídico de dicha realidad, porque, señoría, no nos queda otra. Porque estas familias ya existen, ¿o es que a alguien se le escapa esta realidad? No van a surgir ni a multiplicarse como consecuencia de que aprobemos o no el presente proyecto de ley. Esas familias son ya una realidad, y además, a mi entender –y gracias a Dios, si algo tiene que ver en este asunto–, una realidad indestructible.

Además, esto ha sido ya reconocido mucho antes del día de hoy. Nos olvidamos de que no pocos parlamentos autonómicos han legislado ya sobre la materia regulando, por ley, la realidad de las familias no matrimoniales y las uniones estables de parejas, sean éstas heterosexuales u homosexuales; y no han ido más allá, al menos algunas, porque no han podido, habida cuenta de que los legisladores autonómicos no tienen competencia plena en todas y cada una de las materias sobre Derecho de familia; no la tienen, por ejemplo, a la hora de determinar qué es y qué no es matrimonio, no pueden legislar sobre la tipología, formas, requisitos, sujetos o deberes de la institución matrimonial, y no pueden sencillamente porque dicha posibilidad está reservada «ex lege» a la legislación estatal –léase Código Civil–. Por eso parece oportuno, además, acometer la tarea de modificar la regulación matrimonial en el Código Civil en la línea que ahora nos ocupa para reconducir de alguna manera la protección dispersa y obligadamente limitada de la familia homosexual y dotarla, porque así lo exige la propia Constitución, porque son una familia, de la máxima protección que nuestro ordenamiento jurídico puede brindarles, que es posibilitar su acceso al matrimonio civil. Y porque lo que procede en esta línea es una visión relativa, en modo alguno absoluta, del matrimonio, conviene tener en cuenta también lo siguiente: vaya por delante mi profundo respeto hacia las convicciones éticas, morales y religiosas de cada cual. Yo también las tengo. Pero lo cierto es que la regulación del matrimonio civil en nuestro entorno tiene una fuerte connotación canónica y parece que se olvida, cuando menos algunos y con demasiada facilidad, que estamos en un Estado aconfesional y debería empezar ya a notarse.

Dicho todo esto, el artículo 32 de la Constitución permite abordar este tema. Entro así pues en mi segunda reflexión y, como ya les he dicho, como portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, entiendo que sí lo hace, porque, tal y como se ubica en el texto constitucional, el derecho a contraer matrimonio no es un derecho fundamental sino que se erige como reconocimiento de un derecho subjetivo a suscribir el pacto que necesariamente comporta el matrimonio en términos de igualdad jurídica entre hombres y mujeres.

Este artículo 32 proclama que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, como ya se ha dicho varias veces en esta Cámara, pero desde la rotundidad de dicha afirmación lo que subraya no es tanto la definición del matrimonio sino la necesaria eliminación del trato y situación discriminatorios de la mujer en esa institución; tal vez no ahora, pero les aseguro que sí hace muchos años.

Y es que durante muchísimo tiempo, aunque ahora nos parezca increíble, la mujer no podía contratar sin permiso del marido. Todavía guardo como una especie de reliquia la licencia marital que mi padre firmó ante notario para que mi madre pudiera disponer de lo suyo y de lo común como mejor le viniera en gana. Mi padre era un hombre íntegro, cabal, inteligente, pero, señorías, sólo de inteligencia y cordura no vivían las mujeres en ese tiempo.

También durante muchísimo tiempo ,si el marido mataba a la esposa alegando razones de honor, se le tenía por atenuante, y no era considerado asesinato en el Código Penal. Y qué les voy a decir a ustedes de la nunca bien ponderada –y permítanme la ironía — de la cuasi institución social del adulterio. Estaba bien claro socialmente que las consecuencias de tales juegos favorecían siempre al varón, también en lo jurídico. En fin, éste era el contexto en el que surgió la literalidad del artículo 32, precisamente para combatirlo y acabar con él.

Dicho lo cual, y aceptando como cierto, que también lo es, que el legislador constituyente no estaba pensando en el matrimonio homosexual además de en el heterosexual para redactar el artículo 32 como lo hizo, o, dicho de otro modo, si bien la apertura al matrimonio entre homosexuales no constituye una exigencia de la Constitución, tan cierto como esto es que tampoco la Constitución establece prohibición alguna contra el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

Señorías, el hecho de que la tradición jurídica se pronuncie de una forma concreta, que lo ha hecho, o que el constituyente pensase en un modelo concreto de matrimonio no son argumentos suficientes ni en modo alguno definitivos para impedir una interpretación en consonancia con la realidad social ahora mucho más avanzada. Y cada vez hay más razones para que el artículo 14 de la Constitución ilumine la literalidad del artículo 32, pero no sólo este artículo, también el 9.2, el 1.1, y el 10,1, y todos ellos son Constitución; sin olvidar tampoco algo que me ha hecho recordar antes mi compañero el senador Bravo, que el propio artículo 3.1 del Código Civil obliga a tener en cuenta para interpretar la letra y el espíritu de la ley el momento histórico y la sociedad en la que debe aplicarse.

Ello no supone en modo alguno, señorías, minusvalorar, despreciar, postergar el matrimonio entre hombre y mujer, y muchísimo menos ofender, ultrajar o desconsiderar a quienes lo defienden, desde cualquier que sea la convicción en la que lo hagan, incluida la religiosa, porque no se trata de eso. Lo que hace es reconocer y dar forma a un principio que en el plano intelectual nadie podría estar por desoír: que todas las personas, hombres y mujeres, somos libres e iguales ante la ley y nos asiste a todos el derecho a ver plenamente proyectada dicha realidad en las instituciones que informan y conforman nuestro ordenamiento jurídico, que es precisamente lo que estamos haciendo hoy. Hoy reivindico, pues, en nombre de mi grupo parlamentario, el derecho a proyectar en el Código Civil dichos principios de libertad e igualdad en la institución del matrimonio –¡claro que sí!–, así como todos los campos del Derecho Civil en el que éste despliega eficacia, como pueden ser el Derecho de familia, incluido el controvertido tema de la adopción, o el derecho sucesorio.

La plena igualdad, señorías, pasa por eliminar categorías terminológicas, en función de que seamos hombres o mujeres, atendiendo o no a nuestra concreta orientación sexual, porque todas las personas podemos elegir si queremos o no contraer matrimonio, si queremos o no formalizar una unión de hecho o si queremos o no convivir sin otra formalidad que la sola voluntad de vivir el día a día como nos dé la real gana. Y en virtud de nuestra libre elección, evidentemente aquello que decidamos desplegará unos u otros efectos, los cuales no pueden venir dados, si de lo jurídico se trata, ni en función de nuestra cualidad de varón o hembra ni en función de si varones o hembras somos hetero u homosexuales. Y no cabe invocar, como también se ha hecho, razones de orden etimológico, puesto que nunca las instituciones jurídicas pueden ser esclavas del término que las define, porque la función del legislador –y en gran medida lo somos– devendría inútil. Si lo hiciéramos depender de la inmutabilidad de los términos utilizados quedaría vacía de contenido. No se puede apresar un concepto jurídico hasta el punto de hacerlo inválido para su modificación por el legislador.

Mi tercera reflexión va a ser muy breve y pretendo que sirva para contraargumentar dos razones que, de una u otra manera, también han sido invocadas hoy aquí para justificar posturas contrarias al presente proyecto de ley. La primera de ellas es de orden teleológico o finalista cuando se dice que el matrimonio –se ha dicho de alguna forma– es una institución destinada o mediatizada por la procreación. Pues también va a ser que no en este tema, y va a ser que no, y que no, y que no cien veces, todas las que ustedes quieran, porque, entre otras cosas, roza el absurdo. ¿Y las parejas casadas que no pueden o que sencillamente han decidido libremente no tener familia? ¿Son o no son matrimonio? Y digo ahora. Cuando dos personas mayores se casan en una residencia de ancianos

–para estirar el argumento–, ¿contraen matrimonio o qué clase de cosa contraen? Porque se casan.

La cuestión, a mi entender, es bien sencilla. El matrimonio no puede ser concebido como una institución jurídica sólo para y entre personas que pueden procrear entre sí. Es indiscutible a estas alturas –quién lo va a negar– que una pareja del mismo sexo no puede concebir un hijo, pero tan cierto y tan indiscutible como esto es que hay parejas heterosexuales que tampoco. Ése es un hecho palpable y nadie lo puede contradecir y, sin embargo, estas últimas pueden ser consideradas matrimonio y las otras no, es decir, aquellas lo son únicamente porque se trata de varón y hembra, y las otras no lo son porque o sobra varón o falta hembra.

No tiene ningún sentido.

Señora Vindel, este argumento no se sostiene jurídicamente, es indefendible, es discriminatorio y anticonstitucional. Eso es o que dijo el profesor Pérez Royo el otro día, no la descontextualizada frase que usted ha puesto en su boca.

El segundo argumento a contradecir es el que habla de la inexistencia de precedentes en nuestro entorno europeo, salvo Holanda y Bélgica. Pues de acuerdo. ¿Y luego qué? Si hay pocos precedentes y se pretende utilizar este argumento como valedor para la no modificación, ¿qué quieren ustedes que les diga? Creo que tenemos derecho a ponernos un poco chulos y chulear, claro que sí. Invoco desde esta tribuna nuestra libertad y capacidad de decisión como miembros de esta Cámara hoy, en su VIII Legislatura, en junio de 2005, para avanzar como nos dé la gana y para decidir libre y democráticamente un paso en una línea trazada por esos dos Estados. Y lo hago, chulerías aparte, con la esperanza y la plena seguridad de que después de éste van a venir otros pasos. No me cabe ninguna duda porque, además, no conozco ninguna otra manera de hacer camino que echarse a andar.

Y termino ya, señor presidente, con mi cuarta reflexión. Ustedes saben, porque se nos nota, que los senadores de mi grupo somos todos miembros del PNV y, como tales, hacemos nuestro el compromiso político y los principios de nuestro partido en relación con la cuestión que nos atañe; principios y compromiso que bien pueden quedar resumidos en las palabras de nuestro presidente, Josu Jon Imaz, dichas en la clausura de la última asamblea general de mi partido en el Palacio Euskalduna de Bilbao, si no recuerdo mal en enero de 2004. Decía nuestro presidente Josu Jon Imaz:

Reivindicamos como nuestra la plenitud de derechos de ese segmento de la población que durante muchos años ha permanecido discriminado, que ha sido continuamente desposeído de sus derechos como personas y que todavía hoy no pueden ejercer sus opciones en igualdad como con el resto de la ciudadanía. Me refiero a las y los homosexuales, personas que, como ciudadanos de nuestra nación cívica, y con los mismos sentimientos y anhelos que los heterosexuales, deben alcanzar el mismo respeto y las mismas opciones de desarrollo personal que los demás. El respeto a la pluralidad y la tolerancia no deben ser expresiones, sino afirmaciones del contenido social real hoy aquí y en Euskadi.

Y les aseguro, señorías, que de lo bueno que queremos para Euskadi, que la amamos como vascos y la defendemos y a la que nos debemos como políticos, lo que de bueno queremos para nuestra tierra, señorías, les aseguro que lo queremos para todos los demás. No lo duden.

En definitiva, creo que ha quedado claro que, en coherencia con todo ello, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a votar en contra de los dos vetos presentados al presente proyecto de ley.

Gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: «Eskerrik asko». Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bofill.

El señor BOFILL ABELLÓ (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán, que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones»): «Gràcies, senyor president. El matrimoni tindrà els mateixos requisits i efectes quan ambdós contraents siguin del mateix o de diferent sexe.» El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo. Con este redactado la ley que felizmente saldrá aprobada de las Cortes Generales en los próximos días resuelve de la manera más efectiva posible, sin medias tintas y recelos, la discriminación intolerable que sufrían cientos de ciudadanos y ciudadanas con motivo de su orientación sexual.

Este lunes el señor Pérez Royo –por lo visto tiene mucha suerte porque le citamos todos– nos ilustraba con autoridad sobre la constitucionalidad de la ampliación de estos derechos, el del matrimonio y los que van asociados a él, a las personas del mismo sexo, y lo hacía con rotundidad. No tengo aquí la transcripción literal de sus palabras pero en esencia decía que no sólo es constitucional, sino que lo anticonstitucional es que ciudadanos del mismo sexo no puedan acceder al matrimonio. Por otra parte, insistía en una idea que me parece fundamental y que algunos no acaban de entender: que la igualdad constitucional no pretende que todos seamos iguales sino el derecho a ser diferentes. Continuaba diciendo que es el ejercicio de la diferencia.

Es decir, hay razones y principios para garantizar y extender la posibilidad del libre ejercicio de derechos a todos los ciudadanos sin discriminación por la orientación sexual, principios que amparan nuestra decisión de apoyar este proyecto de ley. Reconocemos un derecho a todos estos ciudadanos para que lo ejerzan o no lo ejerzan como resultado de su libre decisión.

Pero hay más, la existencia de familias homosexuales y homoparentales es un hecho social indiscutible. No estamos hablando, pues, de una realidad nueva que esta ley se esté inventando. Nada más lejos de la realidad.

Como pasa en tantos casos, también en éste, el legislador va a remolque de los hechos, de los cambios sociales, y llega tarde, al menos para aquellos que han tenido que sufrir tantas discriminaciones y malos tratos, que han tenido que plantar cara a la incomprensión y luchar para llegar hasta aquí.

Hoy en nuestra sociedad viven muchas familias homoparentales sin estar amparadas plenamente por nuestro ordenamiento jurídico. Otro objetivo fundamental, pues, de esta reforma legislativa es dar a estas parejas homosexuales que conviven de forma estable, con o sin hijos, la opción de un reconocimiento por la vía del matrimonio, en igualdad con el resto de los ciudadanos, de derechos y deberes mutuos entre cónyuges y de la protección plena de los hijos existentes hoy ya dentro de las familias homoparentales en casos extremos, como puede ser la muerte de uno de los cónyuges o el divorcio, y también en situaciones mucho más habituales, que van desde el acompañamiento en actos médicos hasta la presencia en ciertas prestaciones a las que sólo tienen acceso con los hijos legalmente reconocidos, a la participación a las reuniones escolares y a tantas otras situaciones en las que los padres pueden intervenir en beneficio de sus hijos en virtud de su patria potestad.

Es una hipocresía y una maldad esconder esta situación y es una equivocación no darle la mejor respuesta posible. Se nos dice que estos mismos derechos se podrían reconocer con otras figuras jurídicas que no fueran el matrimonio. En primer lugar, me parece que, en este caso, algunos se olvidan de que no estamos hablando de una sacrosanta institución natural consagrada por alguna religión, sino de matrimonio civil, de una institución regulada por el Derecho Civil, y lo lógico es que, si ya lo tenemos regulado, no nos inventemos ahora una copia para homosexuales, que lo único que haría es mantener en un registro aparte, en una lista aparte, es decir aparte y marginados, a una serie de ciudadanos tan respetables a priori como cualesquiera otros.

Me parece que lo que pasa es que no se quiere reconocer plenamente a estas familias como familias normales. No se les quiere reconocer plenamente sus derechos y, sobre todo, se teme la normalización de la homosexualidad como una orientación sexual y una opción vital personal más, sin adjetivos. Hay un miedo a la diferencia, seguramente heredado de años, como si esta diferencia fuera a limitar la propia libertad. Con esta ley estamos extendiendo un derecho, una libertad; no se la negamos a nadie.

Ahora, y mucho menos después de la intervención de un personaje como Aquilino Polaino, prácticamente nadie se atreve a calificar la homosexualidad como una patología, como una enfermedad o una cosa mala ante la cual hay que evitar el contagio social. Nadie razonable y mínimamente documentado se atreve hoy en día a sostener abiertamente tamaña barbaridad; pero en cambio, un gran número de personas, un gran número de ciudadanos, en todos los horizontes sociales y políticos

–aunque en unos más que en otros–, manifiestan como mínimo una prevención ante el hecho de que las parejas homosexuales puedan convivir y educar adecuadamente a sus hijos y a hijos adoptivos.

No entiendo muy bien cómo se puede estar convencido plenamente de que la homosexualidad no es una patología, que no es en sí una cosa mala ni buena, sino una forma de la condición humana –que, en cuestiones de sexualidad, no es puramente heterosexual–; no entiendo que se pueda pensar que los homosexuales son unos seres humanos más, algunos con problemas y otros no, con unas competencias o no, con unas sensibilidades o no, exactamente igual que los heterosexuales y, posteriormente, decir que pueden representar un problema o que puedan ser dañinos para los niños que convivan en su entorno familiar.

Acerquémonos a la realidad empírica. En las comparecencias de estudiosos del máximo prestigio en cuestiones de psicología infantil y de pedagogía, que se reunieron con nosotros el lunes pasado, se afirmó con total rotundidad que ninguno de los estudios empíricos sobre poblaciones significativas realizados en el mundo, con solvencia científica y reconocidos por las principales asociaciones de psicología y psiquiatría, ha revelado que niños y niñas educados en familias homoparentales padezcan trastornos significativos en su desarrollo personal y social que los diferencien de los niños educados en familias heterosexuales.

Subrayaron que existe una sola diferencia, la mayor tolerancia en las relaciones sociales y la mayor aceptación de la diferencia en los educados en familias homoparentales, que es algo lógico habiéndose educado con unos adultos que tanto han sufrido a causa de la discriminación.

En este momento, nuestra propia legislación está permitiendo la reproducción asistida a mujeres lesbianas y la adopción a personas homosexuales, sean gays o lesbianas, individualmente en todo el Estado y, en pareja, en aquellas comunidades autónomas que ya tienen reconocido este derecho a la adopción conjunta por parte de parejas de hecho homosexuales; es decir, no nos estamos inventando nada, existen ya esos hijos educados en el entorno familiar homoparental y los principales problemas que tienen derivan de las discriminaciones existentes y de las limitaciones a sus derechos.

Por lo tanto, con esta ley no estamos abriendo la puerta a nada que no exista ya, sino que estamos posibilitando el acceso al matrimonio y a la adopción a aquellas personas homosexuales que lo deseen y, subrayo, que reúnan los requisitos necesarios para casarse o para acceder a la adopción; y esto es muy importante.

Dejemos de agitar fantasmas, porque mediante la adopción estamos dando una familia a un niño o una niña, estamos dando la posibilidad de que un niño o una niña que esté en una institución pueda vivir en una familia, recibiendo el afecto de unos adultos que le protegerán y velarán por su sustento y por su desarrollo personal y social.

Disponemos de unas instituciones públicas que velan muy celosamente para que las familias que acceden a la adopción reúnan las características idóneas para educar a esos menores; unas instituciones que, de la misma manera que no darán en adopción a un niño o niña a una persona o una pareja heterosexual que viva en la marginalidad o que sea inestable, tampoco lo harán en el caso de una persona o pareja homosexual que viva en la marginalidad o que sea inestable. Por cierto, el acceso a una mayor normalidad social de las familias homoparentales que propicia esta ley favorecerá, sin duda, su mayor estabilidad y menor marginalidad. (El señor Bofill Abelló pronuncia palabras en catalán que se reproducen según el texto que facilita a la Redacción del «Diario de Sesiones») «Votarem doncs contra els vetos, contra les esmenes, i a favor del text de la Llei tal com ens ha estat tramès des del Congrés dels Diputats.» Votaremos pues contra los vetos, contra las enmiendas y a favor del texto de la ley, tal y como nos ha sido remitida desde el Congreso de los Diputados, sin miedos y abiertos a la diversidad, con inteligencia y tolerancia.

«Moltes gràcies, senyor president.» (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

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