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Acta de la discusión en el Pleno del Senado del Proyecto de Ley de modificación CC en materia de derecho a contraer matrimonio

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.

El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, dice el Tribunal Supremo del Estado de Massachusetts, en la República de Estados Unidos de América del Norte, que la libertad de todos es la libertad de cada uno. Se planteó esta tesis a propósito del matrimonio homosexual. Los magistrados del Tribunal Supremo consideraban que había una parte de la sociedad que decía que el matrimonio tenían que constituirlo un hombre y una mujer, según su formulación tradicional, pero había otra parte de la sociedad que pensaba que podía tener lugar entre dos hombres o dos mujeres. El Tribunal Supremo de este Estado determinó que, en cualquier caso, era una cuestión ajena a la Constitución y que los magistrados no tenían por qué pronunciarse sobre ella, aunque lo que la Constitución sí imponía era la libertad de todos, y la libertad de todos era la de cada individuo que integraba la comunidad.

Pues bien, este es el razonamiento de fondo por el que los socialistas hemos presentado esta propuesta de modificación del Código Civil, con el objetivo de cumplir un mandato electoral. En la elaboración del programa del Partido Socialista para las elecciones del 14 de marzo participaron muchas personas, y muchas de ellas no estaban afiliadas al Partido Socialista. Yo fui una de esas personas; otra, un compañero magistrado de Córdoba –Juan Luis Rascón– que es hoy diputado; y otra, un compañero que colabora en el Gobierno como ministro del Interior: José Antonio Alonso. Colaboramos, pues, en el esfuerzo de redactar el programa electoral, y pensamos que era importante abrir la política a toda la sociedad. Parafraseando aquello que dijo Clausewitz sobre los militares, de que la guerra es demasiado seria para dejarla en manos de los militares. Nos dijimos que la política era un asunto demasiado serio para dejarlo sólo en manos de los políticos. De ahí la necesidad de cambiarla y de dar la posibilidad de participar a mucha más gente.

En coherencia, pues, con la palabra dada, y con el apoyo de cerca de 12 millones de personas, trajimos esta propuesta. No es una improvisación, no es algo que hayamos pensado en una noche. Al contrario: ha sido reflexionado, debatido y elaborado contando con los socialistas de todos los pueblos de España, y nos hemos dado este año de reflexión y de debate, más o menos mesurado o apasionado, pero en todo caso reflexivo.

¿Y qué late en el fondo del debate? Mi compañero Joaquín me explicaba antes que, en el fondo, aparece cierto planteamiento eugenésico, de darwinismo social, en virtud del cual no se ve como algo… (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que guarden silencio. Apenas se puede oír al senador que está en el uso de la palabra. Les ruego silencio.

Prosiga.

El señor DÍAZ TEJERA: En el fondo, no es un dato neutro, como el color de los ojos o la forma de la nariz; por el contrario, es un dato con connotaciones negativas y que lleva a infravalorar al ciudadano o ciudadana de que se trate.

En este punto es importante subrayar que la Asociación Americana de Psiquiatría retiró del DSM III, del DSM-IV-TR e incluso del DSM-V en 1973, la homosexualidad como enfermedad mental. Luego, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud declaró que la homosexualidad no era una enfermedad, sino una variable del comportamiento y de la orientación sexual, sobre cuyo origen no había llegado la ciencia a una conclusión. La mayor parte de los homosexuales, por no decir todos ellos, provienen de familias heterosexuales, de modo que el determinismo que indica que si la pareja es homosexual la criatura que eduque también lo será no se sostiene frente al hecho cierto de que la inmensa mayoría de los homosexuales en España, tanto masculinos como femeninos, provienen de familias heterosexuales. La cuestión es que son múltiples los factores, como la experiencia, los medios formales o informales de la educación, el azar, los referentes del núcleo familiar, los que pueden influir en que una persona opte por una orientación o por otra.

En cualquiera de los casos –es la única cita que no quiero hacer de memoria, sino leyéndola de forma exacta–, el Consejo de Europa concluye en un reciente informe sobre la situación de los gays y las lesbianas y qué dicen los estudios científicos sobre el bienestar de los niños que viven con padres homosexuales en los Estados miembros lo siguiente: «Han tenido lugar multitud de estudios en este sentido en los últimos 25 años.

Ninguno ha podido determinar que el hecho de ser educado por padres homosexuales perjudica a esos niños, ni que los padres homosexuales sean peores padres que los padres heterosexuales, ni que estos niños se vean expuestos, a su vez, a ser homosexuales.» Es más, todos los estudios empíricos insisten en el mismo dato, en que no es una variable significativamente estadística, relevante, sino todo lo contrario.

En ese estudio empírico encargado por el Defensor del Menor a través del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, hoy alcalde de la capital de España, al Colegio de Psicólogos de Madrid y a la Universidad de Sevilla, Facultad de Psicología, se insistía en que, en términos de autoestima, de integración social y de prestigio en el barrio, después de haber evaluado a los profesores, a los tutores, a los padres, la conclusión a que se llegaba era que, en términos generales, el proceso de aprendizaje y de integración era idéntico y que si había algún factor distinto era una especial tolerancia a la diversidad, a la aceptación de la homosexualidad e, incluso, a una mayor flexibilidad con respecto a los roles de género, no adjudicando de forma estándar determinadas funciones, es decir –en una expresión gráfica de la investigadora–, el uso del martillo o del biberón no se asociaba a la mujer o al hombre sino que se entendía de una forma flexible. Se aducían, pues, diferentes manifestaciones en la exposición por parte de los propios niños y niñas, ya adolescentes o adultos, que insistían en esta idea.

Pues bien, si, en general, no se ve como un dato relevante, si no se ve como un factor a tener en cuenta en términos educacionales, creo que en el fondo lo que sigue latiendo es que hay resistencia a aceptar que no es un dato que se deba tener en cuenta y que hay que evaluar la madurez individual o la madurez de las personas que quieren adoptar. Creo que ésta es una cuestión fundamental.

En términos de Derecho Comparado, hay ejemplos como el de Holanda y Bélgica, a los que antes aludí, así como en otros continentes, aunque no es cuestión a estas alturas del debate de hacer un análisis prolijo. Sí me parece particularmente interesante tratar de dejar a un lado los razonamientos relativos a la creación de una nueva causa de abstención.

Es una asunto un tanto aburrido en términos técnicos pero me parece importante hacerlo porque no está previsto así.

En los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, la Ley de régimen jurídico de administraciones públicas y procedimiento administrativo común, se fijan las causas de abstención y recusación, y se hace para la autoridad o el funcionario que va a tramitar un procedimiento, que va a evaluar unas pruebas, unos documentos y va a redactar una propuesta de resolución en la que resuelve, dicta un acto administrativo. Entonces, cuando se entiende que hay una tacha de parcialidad, porque tiene o ha tenido algún tipo de vínculo profesional, o un vínculo de consanguinidad en cuarto grado, o segundo de afinidad, cuando ha tenido algún tipo de relación profesional o contacto con algún testigo o algún tipo de vinculación societaria de alguna naturaleza, como quiera que hay que garantizar que el titular del órgano es imparcial en la tramitación del procedimiento, cualquiera de los interesados en el mismo puede recusar a ese funcionario. Éste es el único supuesto en el que se suspende la tramitación del procedimiento, se eleva al órgano superior y en tres días éste resuelve; no se admite recurso, excepto al final del procedimiento administrativo, momento en el que se puede dictar recurso sobre esto y sobre el conjunto del acto. El artículo 89, apartado 4, de la Ley 30/1992, establece la obligación por parte del funcionario de resolver un procedimiento administrativo. Por ello no se puede plantear la posibilidad de la abstención porque el artículo 404 del Código Penal contempla la figura de la prevaricación; el artículo 89.4 de la Ley 30/1992 obliga a resolver, y el artículo 31.1, apartados a) y b) de la Ley de la Función Pública exige el deber de lealtad a la Constitución y de manera precisa excluye la discriminación incluyendo de manera explícita la discriminación por orientación sexual. Ya no aludo a los jueces titulares de Registro Civil porque antes lo argumenté en relación con el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Éstas son razones a partir de las cuales hay que entender que la posibilidad de evaluar una nueva causa de abstención es un asunto a tramitar en el procedimiento. Por el contrario, cuando se hacen alusiones a la diversidad de pensamiento en el socialismo europeo es absolutamente razonable, es un pensamiento plural, hay diferentes opciones. En esta Cámara hay algún grupo que tiene diversidad de posiciones. Esto es parte de la condición humana y hay que verlo así, sin mayor consideración, sin mayor aspaviento.

Es bueno que estos vetos no salgan adelante porque eso permite al Senado que sea útil en el mejoramiento de los textos que llegan del Congreso de los Diputados. Por el contrario, el rechazo «ad initio» de una propuesta supone no entrar a mejorarla, sino remitirla tal cual está al Congreso de los Diputados. La diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta, según exige la Constitución, para que los asuntos prosperen es una cuestión de mayor dificultad en el procedimiento, pero impide que el Senado pueda mejorar los textos que vengan de la Cámara Baja. Y como quiera que estamos en un sistema de bicameralismo desigual, el hecho cierto es que va a acontecer tal cosa.

Acabo ya, señor presidente, invocando la necesidad de reflexionar sobre el sentido de la frase, muy gráfica, de la senadora Etxegoyen, de que no hay otra manera de hacer camino que la de echarse a andar. Y una forma de echarse a andar es no aprobando los vetos para que podamos entrar a analizar las propuestas y evaluar la conveniencia de algunas de ellas a los efectos de poder mejorar el texto que salga del Senado para conseguir que sea una página de justicia, una página de reparación histórica, una página en virtud de la cual pedimos disculpas a tantos hombres y mujeres que a lo largo de estos 26 años de vigencia del texto constitucional han visto cómo la formulación del artículo 14 de la Constitución no se ha llevado a la práctica con respecto a las personas que han tenido una orientación sexual, con respecto a las personas que se definen como sexuales, como lesbianas, como gays, como bisexuales o transexuales.

No acabo sin plantear la posibilidad de llegar a un acuerdo en algo que ya es una realidad en algunas comunidades autónomas, y es que el 17 de mayo pueda ser declarado el día mundial contra la homofobia y la transfobia. Insisto en que es un proceso progresivo, cada vez se va planteando más en un conjunto de países, de instituciones, como el Parlamento Europeo, también se ha planteado en comunidades como Canarias o en Asturias. Yo creo que sería bueno que el Senado se incorporase a este proceso que insisto en que es lento, progresivo, no siempre es fácil, no es una espiral sencilla, pero progresivamente cada vez más los españoles serán iguales ante la ley y no podrá haber discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista. Un señor senador: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, atendiendo a lo que establece el Reglamento y seguro que también al deseo del presidente, yo no voy a intervenir en este turno de portavoces para contestar a ninguna de las señorías que han tenido a bien nombrarme. Les agradezco que se hayan dirigido a mí. Tiempo tendremos de discutir este asunto. Me interesa dejar claro una serie de cosas.

Señorías, yo creo que cuando se presenta un proyecto de un calado como éste y con una resonancia como la ha tenido éste lo deseable es que entre en el Registro lo más documentado posible, sobre todo cuando, insisto, suscita tanta controversia. (Rumores.) En esta Cámara hemos logrado cosas, pero lo que no hemos logrado de ninguna de las maneras –y miren que lo hemos intentado desde el Grupo Parlamentario Popular– es que nos enviaran algo que considerábamos fundamental, y era el informe económico. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, señora Vindel.

Ruego a sus señorías que guarden silencio o salgan del hemiciclo.

(Pausa.) Por favor, prosiga.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Una de las razones del mismo es que los homosexuales puedan acceder a las prestaciones sociales, como se nos dice en el preámbulo. Se nos ha dicho que este proyecto no supone ningún aumento de gasto y que no crea ninguna prestación, por lo que no procede estimar coste alguno –se nos dice– a la reforma que en él se contiene.

Nosotros no sabemos qué pensar ante esta afirmación, señorías, porque, ¿qué se nos está diciendo? ¿Que estas personas no van a poder tener derecho a pensión dado que el Gobierno no lo ha previsto económicamente? (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Que los homosexuales no van a poder heredar, como heredan los matrimonios actuales españoles, porque el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¿O que incluso en la Ley del Impuesto sobre la Renta, señorías, no se les van a poder aplicar las desgravaciones fiscales porque el Gobierno no lo ha previsto económicamente? ¡Pues claro que hay costes económicos, señorías! Y si ésta fuera una propuesta seria, rigurosa y no viniera con tanta prisa, tan apresurada, se habría analizado el importe económico, que les aseguro que es bastante, que les aseguro que es bastante.

Cabe la posibilidad de que esa información tantas veces reclamada por mi grupo no se haya querido dar por propia voluntad, no se haya podido dar por la prisa a la que antes me refería o porque no se quiere que se sepa que se está legislando para una gran minoría, que según el Instituto Nacional de Estadística supone un 1 por ciento de la población.

Que se quiera ocultar información al Grupo Parlamentario Popular, señorías, a mí me parece grave porque está en su derecho de pedir información a quien tiene la obligación de entregarla, pero me parece mucho más grave que se estafen los sentimientos y las expectativas de aquéllos a los que va dirigida la ley. Porque, señorías, ¿de qué sirve un hermoso párrafo en la exposición de motivos si el efecto práctico más inmediato es la no previsión económica por parte del Gobierno? ¿Ésta es la forma del Gobierno de acabar con la discriminación de los homosexuales? Pues tengo mis serias dudas, pero déjenme que les dé otro dato. Según informes del Programa de información y atención a homosexuales, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid –gobernada por el PP, por cierto, y déjenme que les diga: primer servicio de estas características de carácter multidisciplinar e integrado en la red pública de servicios sociales de una comunidad autónoma, el primero–, en mi comunidad, que es Madrid, hay 61 casos relacionados con vivencias de posibles situaciones de discriminación laboral para homosexuales; incluso desde este mismo Programa de información me dicen que no descartan en absoluto que haya muchos más casos en la realidad que permanecen todavía invisibles.

Sinceramente creo, señorías, que a estas personas se les ha creado más de un serio problema porque al menos uno de sus derechos fundamentales lo tienen seriamente lesionado; ahora bien, yo tengo dudas de que por el hecho de que se puedan casar entre sí se vaya a solucionar el problema que se les ha creado –como dice el texto: que puedan desarrollar su personalidad y sus derechos en condiciones de igualdad–. ¿O qué se nos está diciendo? ¿Que por el simple hecho de estar casados con alguien del mismo sexo va a cesar esa discriminación laboral tan contraria a la Constitución? El proyecto habla de la sociedad y habla de una realidad, pero a mí me gustaría saber, señorías, de qué realidad y de qué sociedad estamos hablando: si de la verdadera según los datos que yo les acabo de dar o, por el contrario, de lo que dice el «Boletín Oficial de las Cortes», que lo que hace es reproducir el texto del Gobierno. No se debe engañar a nadie, señorías, y mucho menos estafar los sentimientos de nadie.

En lo que se refiere al matrimonio, yo siento decirles que nadie cuestiona que es la unión de un hombre y una mujer. Se podrá no compartir esta visión, evidentemente, pero, señorías, de aprobarse esta innovación legislativa se va a llevar incertidumbre e inseguridad al tráfico jurídico, a la convivencia basada en una serie de institutos jurídicos que forman parte del patrimonio identificativo de una sociedad, de una cultura, en definitiva, de una manera de organizar la convivencia en sociedad, porque se trataría de pasar de la actual nada jurídica en la regulación de la convivencia entre personas homosexuales a irrumpir de lleno en una institución con unos caracteres cerrados. A lo largo del tiempo, es cierto, habrán cambiado las formas del matrimonio, habrán cambiado los requisitos para contraerlo, habrá diferencias en cuanto a su naturaleza, se habrán diseñado figuras jurídicas basadas en una aproximación analógica al matrimonio como las uniones de hecho, pero lo que siempre permanece es su carácter heterosexual. Una reforma que afecta a este núcleo identificador lleva el riesgo de modificar una institución jurídica hasta el punto de hacerle perder su reconocimiento en Derecho.

Déjenme que les ponga unos ejemplos. Del mismo modo que la compraventa es el cambio de una cosa por precio, si no hay precio, señorías, no hay compraventa, sino que habrá donación si a cambio de la cosa no se entrega nada, o habrá permuta si a cambio de una cosa no se entrega otra.

Por lo tanto, llamar compraventa a la donación o a la permuta no les añade nada, absolutamente nada, pero hace inservible el concepto de compra-venta, aparte de introducir serias dosis de incertidumbre e inseguridad jurídica. Además, la permuta es la permuta y la compraventa es la compraventa, y no se discrimina a la permuta por no llamarle compraventa. No hay, como se dice, una exigencia constitucional en el artículo 9 de la Constitución en relación con la doctrina constitucional.

Por razones de justicia material, como dice el Tribunal Constitucional, se podrá avanzar en el trato jurídico análogo, pero no convertir en matrimonio una relación que no se identifica con él.

Se nos dice que el matrimonio entre personas del mismo sexo es una conquista de la igualdad. Yo no quiero dar más ideas a este Gobierno, pero sepan, señorías, que tras la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo en Ontario, Canadá, se ha tenido que borrar nada menos que de 73 leyes toda mención a la existencia de dos sexos, eliminando palabras como esposo y esposa, viuda y viudo, hombre y mujer, de donde se deduce que negar la existencia de hombre y mujer, más que un avance en la igualdad es toda una conquista sí, pero de las ideologías de género, cuando resulta que el género humano, señorías, no se divide entre heterosexuales y homosexuales, sino entre hombres y mujeres y el matrimonio es connatural hasta ahora a nuestra propia existencia.

Y ya que hablamos de familia (Rumores.), el aspecto más controvertido del proyecto…

El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego guarden silencio, apenas se oye a la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Ya que hablamos de familia, el aspecto más controvertido del proyecto es la posibilidad de adopción por parte de parejas homosexuales. España es el primer país adoptante de Europa y la adopción internacional es la mayoritaria en nuestro país, siendo de más de un 85 por ciento. Pues bien, ninguno de los países que tienen convenio con España permite la adopción a parejas del mismo sexo. Es más, Rusia, China, Ucrania y Colombia ya han anunciado que no darán niños en adopción a parejas homosexuales. La progresista Holanda, señorías, prohíbe la adopción internacional y Suecia, que sí la permite, acaba de reconocer que les es casi imposible adoptar en el extranjero. Creo recordar que algún miembro de la Administración española ha reconocido públicamente hace bien pocas fechas que las parejas de homosexuales españoles no podrán adoptar internacionalmente, al menos de momento. Es decir, que se está ofreciendo a los homosexuales españoles un derecho que en la práctica no se va a llevar a efecto, porque ningún país consiente esas adopciones. España podrá considerar idóneas a estas parejas, pero no así los organismos del resto de países, con lo cual, lo único que se ha conseguido, señor presidente, señorías, es engañar y nuevamente estafar los sentimientos de los destinatarios de esta ley. El niño no se trata de un bien que se pueda procurar una pareja heterosexual u homosexual. El niño es una persona nacida de la unión, sea cual sea su modalidad, de un hombre y una mujer.

Ya que sus señorías no hacen caso ni al Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial, ni a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, yo les acabo de citar a Lionel Jospin, que a lo mejor entre ustedes tiene alguna autoridad, pero si Lionel Jospin es poco para ustedes, déjenme que les cite también a Fernando Savater.

Señorías, Fernando Savater, en un artículo publicado en el diario «El País» que se titula «Jugar a papá y mamá» afirma: El tema de la adopción implica a otro que no forma parte de la pareja. La dificultad con las parejas homosexuales en lo que toca a reproducción humana no es que amen a los de su propio sexo, sino que sean del mismo sexo; es decir, que no puedan aunar procreadoramente lo masculino y lo femenino. No es lo mismo

–dice Fernando Savater– ser padres que jugar a papá y mamá. Si de derecho vamos a hablar, no sólo cuenta el de ser padre o madre, sino el de tener padre y madre, y cosa muy distinta es programar deliberadamente huérfanos de padres o madres rechazando el triángulo genésico desde su inicio como un prejuicio irrelevante. Fin de la cita del señor Savater.

En conclusión, señor presidente, señorías, la adopción no es un derecho de adultos por mucho que este Gobierno se empeñe, sino de niños, y proteger al más indefenso y no hacer experimentos en esta materia es propio de sociedades maduras, responsables y avanzadas. Nos reafirmamos en lo expuesto en nuestra primera intervención en cuanto a la defensa de este veto, y solamente les pido una cosa: juzguen ustedes mismos y voten en consecuencia.

Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Vamos a proceder a la votación del primer veto del senador Casas i Bedós, sobre el proyecto de ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 252; a favor, 131; en contra, 119; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Habiendo prosperado el veto, se da traslado del resultado al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre el mismo.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve y media.

Eran las veinte horas y cincuenta minutos.

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