admin octubre 23, 2021

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TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 693/201 Excmos. Sres.

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 11 de octubre de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto por Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L.L., representada por el procurador D. Fernando Anaya García, bajo la dirección letrada de D.ª Belén Echave Aboy, contra la sentencia núm. 236/2018, de 21 de junio, dictada por la Sección 18.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en el recurso de apelación núm. 295/2018, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario núm. 852/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Alcobendas. Ha sido parte recurrida Valdelasfuentes 25 S.L., representada por la procuradora D.ª Yolanda Pulgar Jimeno y bajo la dirección letrada de D. Daniel Arjona Villanueva.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- El procurador D. Fernando García Anaya, en nombre y representación de Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L.L, interpuso demanda de juicio ordinario contra Valdelafuentes 25 S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«por la que, estimando íntegramente la demanda, se condene a la demandada a cumplir el contrato de compraventa y, en su consecuencia:

«1º.- A pagar a mi representada la cantidad de 7.865 €, más los intereses legales desde la fecha de la factura de 30 de septiembre de 2015 o, subsidiariamente, desde la interpelación judicial.

«2º.- A recepcionar físicamente en sus instalaciones de Sansebastian de los Reyes al analizador de bioquímica Lite On Skyla VB1 que actualmente se encuentra depositado en las instalaciones de mi representada, siendo a cargo de la demandada el coste del transporte.

«3º.- al pago de las costas del procedimiento.»

2.- La demanda, fue presentada el 5 de julio de 2016 y repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Alcobendas se registró con el núm. 852/2016 (previa inhibición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Tudela, al declarar su falta de competencia territorial para conocer del asunto). Una vez admitida a trámite, se emplazó a la parte demandada.

3.- La procuradora la procuradora D.ª Yolanda Pulgar Jimeno, en representación de Valdelasfuentes 25, S.L., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba:

«[…], tenga por interpuesta excepción de anulación del contrato de compraventa (ex artículo 100 LGDC y U), y en caso de no ser admitida tenga por contestada la demanda desestimando íntegramente la misma bien porque Valdelasfuentes 25, S.L. no prestó su consentimiento a la compra que pretende Practice Clinicas Veterinarias Moviles, S.L.L., bien porque no quedó obligada por el pedido, bien porque mi mandante ejercitó entiempo y forma el derecho de desistimiento al contrato que le garantiza la ley, todo ello con expresa imposición de costas al demandante».

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Alcobendas dictó sentencia n.º 62/2018, de 22 de febrero, con la siguiente parte dispositiva:

«Que desestimo la demanda interpuesta por Don Fernando Anaya García, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de PRACTICE CLINICAS VETERINARIAS MOVILES S.L.L. contra VALDELASFUENTES 25 S.L.P. absolviendo a la demandada de las pretensiones de la demanda.

Se imponen las costas a la parte actora».

SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L.L.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la sección 18.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 295/2018 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 21 de junio de 2018, cuya parte dispositiva establece:

«Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. ANAYA GARCIA en nombre y representación de PRACTICE CLINICAS VETERINARIAS MOVILES S.L.L. contra la sentencia de fecha 22 de febrero de 2018 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas en el Juicio Ordinario nº 852/2016, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma, haciendo expresa imposición de las costas producidas en esta alzada a la parte apelante. Con pérdida del depósito constituido».

TERCERO .- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- El procurador Sr. Anaya García, en representación de Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L.L., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Único.- Al amparo del Artículo 477.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 2 y 3 y consecuente infracción, por aplicación indebida, de los artículos 71 y 105 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en contradicción con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre el concepto de destinatario final y la condición legal de consumidor,[…]».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la Sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 28 de abril de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L., contra la sentencia dictada con fecha veintiuno de junio de 2018 por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Décimo-Octava, en el rollo de apelación núm. 295/2018, dimanante de los autos de juicio ordinario núm. 852/2016 del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Alcobendas».

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Al no solicitarse por las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el 7 de octubre de 2021, en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Resumen de antecedentes

1.- En junio de 2015, la empresa Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L.L. vendió a Valdelasfuentes 25. S.L.P. una máquina analizadora de bioquímica, por precio de 7.865 €. El contrato se realizó a través de una plataforma on line.

2.- Tras recibir la mercancía en agosto siguiente, Valdelasfuentes negó haber adquirido la máquina y comunicó a la remitente que creía haberla recibido únicamente en depósito para prueba. Por lo que se negó a pagar el precio y ofreció devolver la máquina.

3.- Practice presentó una demanda contra Valdelasfuentes, en la que solicitó que se la condenara al pago de

7.865 €, intereses y costas.

Valdelasfuentes se opuso alegando, en lo que ahora interesa, que la suministradora no había respetado las previsiones legales sobre el derecho de desistimiento.

4.- El juzgado dictó sentencia en la que desestimó la demanda, porque si bien consideró que no se trató de una venta a distancia, porque hubo encuentros entre las partes, y que tampoco se trató de una entrega a prueba, no se respetó el derecho de desistimiento previsto en la Ley de Consumidores de 2007, que resultaba aplicable a la compradora, en cuanto destinataria final de la máquina.

5.- La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la demandante. A los efectos que nos ocupan, consideró que el ejercicio empresarial de la demandada le priva de la cualidad de consumidora, pero no de la condición de destinataria final, por lo que le resulta aplicable la legislación sobre las compraventas fuera del establecimiento mercantil.

6.- La demandante formuló un recurso de casación.

SEGUNDO.- Único motivo de casación. Condición legal de consumidor Planteamiento:

1.- El único motivo de casación denuncia la infracción de los arts. 2 y 3 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLCU) y la jurisprudencia contenida en las sentencias de esta sala 922/2000, de 16 de octubre; 1249/2003, de 29 de diciembre; 963/2005, de 15 de diciembre; 406/2012, de 18 de junio; 246/2014, de 28 de mayo; y 224/2017, de 5 de abril.

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega, resumidamente, que la demandada no reúne los requisitos legales para ser considerada consumidora, ni siquiera desde el punto de vista de destinataria final, puesto que la máquina estaba destinada a su actividad productiva. Por lo que no le resulta aplicable la legislación sobre desistimiento en los contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, que es específica para los consumidores.

3.- Al oponerse al recurso de casación, la parte recurrida alegó que este motivo era inadmisible por falta de efecto útil, por cuanto, aunque no tuviera la cualidad legal de consumidora, tenía reconocido el derecho de desistimiento en cuanto que usuaria final. Sin embargo, esta alegación no puede ser atendida, porque precisamente esa cuestión es la que debe resolverse en el recurso de casación. Es decir, de lo que se resuelva dependerá la estimación o la desestimación del recurso, no su admisibilidad.

Decisión de la Sala:

1.- La sentencia recurrida establece una dicotomía entre las figuras de consumidor y destinatario final que le lleva a concluir que la normativa sobre el derecho de desistimiento en los contratos a distancia y las compraventas fuera de los establecimientos mercantiles contenida en el TRLCU es aplicable a los destinatarios finales, aunque no sean consumidores.

Ninguna de tales premisas es correcta. Ni existe diferencia legislativa entre los conceptos de consumidor y usuario final, ni la legislación tuitiva sobre los contratos a distancia y los contratos fuera del establecimiento mercantil está prevista para no consumidores.

2.- La Ley de Consumidores de 1984 consideraba como tales a quienes actuaban como destinatarios finales de los productos o servicios, sin la finalidad de integrarlos en una actividad empresarial o profesional. Posteriormente, el art. 3 TRLCU matizó tal concepto, al afirmar que «son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional».

Ambas definiciones, que no son excluyentes, puesto que giran alrededor del criterio negativo de la actividad profesional o empresarial ( sentencia 232/2021, de 29 de abril) deben ser interpretadas a la luz de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, y su aplicación por el TJUE. Como recuerda la sentencia 230/2019, de 11 de abril, los criterios de Derecho comunitario para calificar a una persona como consumidora han sido resumidos por la STJUE de 14 de febrero de 2019, C-630/17 (asunto Anica Milivojevic v. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen), al decir:

«El concepto de «consumidor» […] debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de este, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 29 y jurisprudencia citada).

«Por consiguiente, solo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido […] para la protección del consumidor como parte considerada más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional ( sentencia de 25 de enero de 2018, Schrems, C-498/16, EU:C:2018:37, apartado 30 y jurisprudencia citada)».

3.- Asimismo, la STJUE de 2 de abril de 2020, asunto C-329/19 (relativa a una comunidad de propietarios) afirmó que la Directiva no se opone a que los Estados miembros:

«pueden aplicar disposiciones de esa Directiva a sectores no incluidos en su ámbito de aplicación (véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2012, SC Volksbank România, C-602/10, EU:C:2012:443, apartado 40), siempre que esa interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales garantice un nivel de protección más elevado a los consumidores y no contravenga las disposiciones de los Tratados».

Es por ello que nuestra legislación de consumidores, ya desde la Ley de 1984, ha ampliado el concepto de consumidor a las personas jurídicas, siempre y cuando actúen sin ánimo de lucro.

4.- En el caso que nos ocupa, la compradora es una sociedad mercantil que adquirió la máquina para emplearla en su actividad empresarial o profesional (una clínica veterinaria) y en cuanto que tal sociedad mercantil empresaria hay que presumirle el ánimo de lucro ( sentencia 307/2019, de 3 de junio y las que en ella se citan). Por lo que no reúne ningún criterio para ser considerada consumidora, pues aunque fuera destinataria final del producto, lo era para su incorporación a su actividad empresarial.

5.- Si Valdelasfuentes no tiene la cualidad legal de consumidora, no pueden aplicársele las previsiones legales sobre el derecho de desistimiento en los contratos celebrados a distancia y los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles. Precisamente el art. 92 TRLCU circunscribe su ámbito de aplicación en esta materia a los contratos a distancia celebrados con consumidores y usuarios; lo que reiteran expresamente los arts. 102 y 108 TRLCU cuando regulan el mencionado derecho de desistimiento en los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.

Igualmente, debe recordarse que la regulación de los contratos a distancia de entrega de bienes o prestación de servicios contenida en los arts. 92 a 113 TRLCU, en la redacción vigente a la fecha de celebración del contrato litigioso, provenía de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, que transpuso la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

6.- Como resultado de lo expuesto, el recurso de casación debe ser estimado. Con la consecuencia de estimar el recurso de apelación y con él, la demanda, en tanto que no se ha discutido que la vendedora entregó la mercancía (en puridad, la puso a disposición, pues al negarse la demandada a recibirla, está depositada en las instalaciones de la demandante) y que la compradora no pagó su precio ( arts. 1091, 1100, 1101, 1108, 1462, 1465, 1500 y 1501 CC).

TERCERO.- Costas y depósitos

1.- Habida cuenta la estimación del recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, según determina el art. 398.2 LEC.

2.- La estimación del recurso de casación conlleva la estimación del recurso de apelación, por lo que tampoco procede imponer sus costas, conforme al mismo art. 398.2 LEC.

3.- La íntegra estimación de la demanda comporta que se impongan las costas de la primera instancia a la demandada, según ordena el art. 394.1 LEC.

4.- Igualmente, debe acordarse la devolución de los depósitos constituidos para los recursos de apelación y de casación, a tenor de la Disposición adicional 15ª, apartado 8, LOPJ.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

:

1.º- Estimar el recurso de casación formulado por Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L. contra la sentencia núm. 236/2018, de21 de junio, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 18ª), en el recurso de apelación núm. 295/2018, que casamos y anulamos.

2.º- Estimar el recurso de apelación interpuesto por Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L. contra la sentencia núm. 62/2018, de 22 de febrero, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Alcobendas, en el juicio ordinario núm. 852/2016, que revocamos.

3.º- Estimar la demanda deducida por Practice Clínicas Veterinarias Móviles S.L. contra Valdelasfuentes 25 S.L.P. y condenar a la demandada a que abone a la demandante la suma de 7.865 €, más sus intereses legales desde el 30 de septiembre de 2015, así como a que reciba, a su costa, la máquina objeto de compraventa.

4.º- No hacer expresa imposición de las costas de los recursos de apelación y de casación y ordenar la devolución de los depósitos constituidos para su formulación.

5.º- Imponer a Valdelasfuentes 25 S.L.P. las costas de la primera instancia.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de Sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.